De acuerdo con el director de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, Mario Montes, durante los años 2006 a 2011 una posible doble contratación entre Comfamiliar EPS Seccional Huila y los entes gubernamentales del departamento, los cuales atendían a la población de estratos cero, uno y dos, es decir a los afiliados al SISBEN, se venían presentando irregularidades por parte de los directivos de la EPS Comfamiliar, Clinica Medilaser S.A. y los Alcaldes de los municipios de Garzón y Pitalito (Huila).
Los contratos se habrían celebrado en la modalidad de evento controlado, lo que conllevó a que solo se atendieran a los usuarios hasta cierto monto de dinero, además se suscribían por un valor inferior a lo señalado y es allí donde se daría la apropiación irregular de los dineros de la salud.
El director de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, reiteró “que no son ciertas las informaciones que se vienen dando en el sentido que nos encontramos frente un falso positivo, ya que la Fiscalía ha logrado demostrar en las audiencias que se han venido adelantando ante los jueces del departamento del Huila que es una investigación sólida, seria y fundamentada, en donde se cuentan con los rudimentos de prueba necesarios y suficientes elementos de juicio para que un juez con control de garantías, considerara que podían ser cobijados con una orden de captura”.
“El interés de la fiscalía es únicamente que se haga justicia, en esta investigación se llega a la conclusión de que se trata del mayor saqueo a los recursos de la salud del departamento del Huila, donde la plata de la salud para las personas más vulnerables fue apropiada ilegalmente”, aseguró Montes.
Los delitos imputados son: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad en documento público; y por orden del fiscal General de la Nación, ya se inició una primera fase de extinción de dominio y lavado de activos.