La jueza 72 de control de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a las 13 personas procesados por su presunta responsabilidad y participación en la planeación y ejecución de atentados con explosivos registrados entre el 29 de junio de 2014 y el 20 de mayo de 2015.
En su determinación la jueza tuvo en cuenta la gravedad de los delitos imputados en contra de estos jóvenes quienes habrían tenido una amplia participación en estos hechos. Para esto indicó que se presentaron elementos materiales para inferir su conocimiento en las actividades. “Los delitos aquí imputados no son de poca monto”.
“No estamos frente a cualquier actuación, son profesionales, estudiantes universitarios con un nivel educativo y cultural, por lo que se pide un mayor grado de exigencia para respetar la ley, no por sus ideales diferentes sino que a todos los colombianos se les pide mantener un respeto”, explicó.
Para la jueza durante las diligencias judiciales, que se expandieron por 15 días, la Fiscalía General presentó “elementos claros y precisos” sobre la participación de estas personas en los hechos materia de investigación. “Representan un peligro para la sociedad puesto que se afectó la seguridad de las personas”.
Igualmente rechazó la solicitud de detención domiciliaria y una medida no privativa de la libertad a estas personas para garantizar los fines que exige la jurisprudencia en este tipo de situaciones. El Inpec deberá definir en las próximas horas el lugar de reclusión de los 10 hombres y las tres mujeres.
Finalmente la jueza le aclaró a los abogados de la bancada de la defensa que la decisión que se emitió en la tarde de este martes no es “producto de presiones superiores ni de los medios de comunicación”, sino de un análisis “serio” de los argumentos presentados en las audiencias.
La Fiscalía General les imputó los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público a David Camilo Rodríguez Hernández, más conocido con el sobrenombre de 'El Profe', Heiler Anderson Lamprea Florez y Gerson Alexander Yacumal Ruiz, quienes se exponen a una pena de máximo 15 años de prisión.
Mientras que a Paola Andrea Salgado Piedrahita, Estefany Lorena Romo Muñoz, Félix Mauricio Augusto Gutiérrez Díaz, Luis Daniel Jiménez Caldeón, Sergio Esteban Segura Guiza, Liset Johana Acosta Bogotá, Jhon Fernando Acosta Bogotá y Andrés Felipe Rodríguez Parra les imputaron los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares y violencia contra servidor público por lo que se exponen a penas entre los 22 y 30 años.
Mientras que a Víctor Orlando Ariza Gutiérrez solamente le imputaron el delito de violencia contra servidor público puesto que no se pudo inferir que participara en la fabricación de las papas bomba.