En decisión de segunda instancia, la jueza 12 de conocimiento cobijió con medida de aseguramiento a los coroneles Nelson de Jesús Arévalo y José Javier Vivas procesados por su presunta participación en los hechos que rodearon la manipulación de los elementos materiales en la investigación que se adelanta por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra registrada el 19 de agosto de 2011.
En su decisión la funcionaria judicial consideró que existen elementos suficientes para inferir que los oficiales procesados pueden obstruir a la justicia puesto que tienen el poder para presionar a testigos y ocultar pruebas aclarando que ya han incurrido en este tipo de acciones. (Ver Coroneles "escenificaron" la muerte del joven grafitero: Fiscalía)
En este sentido indicó que con su proceder se atentó contra la población, abusando de su posición en la sociedad al incurrir en actividades con el fin de justificar su accionar mediante amenazas y presiones a testigos, entre ellos varios uniformados, presionandolos con represalias si contaban la verdad y afectaban su hoja de vida.
"Si hicieron esto con sus subalternos que podría esperarse de la familia de occiso que en su afán de buscar justicia han tocado tantos mandos altos de la Institución", precisó la juez quien ordenó el traslado de los dos oficiales al pabellón de servidores públicos a la cárcel La Picota de Bogotá.
La administradora de justicia le dio validez a los testimonios entregados por un grupo de uniformados que indicaron que los coroneles sí estuvieron en el lugar de los hechos y que dieron instrucciones a sus subalternos.
Ante esto llamo la atención sobre el hecho de que existía una cadena de mando y un poder jerárquico de los coroneles que para la época de los hechos fungían como subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y la estación de Suba conocieron de la ubicación de un arma de fuego.
“Existe evidencia modificación de la escena de los acontecimientos sino que fueron directamente los implicados desde su propio raciocino idearon la forma de alterar la escena y mostrar un panorama diferente con el fin de ocultar la verdad de los hechos conducta reprochable viniendo de altos mandos de la policía de los que se espera transparencia en su proceder personal y profesional”, señaló la jueza.
En este caso indica que llama la atención el hecho de que en un principio el primer respondiente no mencionó nada sobre el hallazgo de un arma de fuego, sin embargo pocos minutos después se empezó a decir que otros uniformados hablaban sobre una pistola en el lugar de los hechos. “Nadie se preguntó por esto. ¿Se habrán equivocado? ¿Por qué lo hirió por la espalda? Eran cuestionamientos normales para cualquier ciudadano y principalmente para oficiales de tan alto rango”.
“No se puede aceptar el argumento de que la supuesta manipulación de la escena del crimen se hizo a sus espaldas. El alto mando se hace presente y da órdenes de acordonar el lugar y revisa el informe del primer respondiente”, el cual sea de paso decir se demoró más de lo normal en ser presentado, lo cual también tuvo que ser materia de análisis en ese momento.
Las presiones
La jueza consideró que no se le puede restar veracidad a los testimonios de tres uniformados, quienes también están siendo procesados por estos hechos, quienes indicaron que los dos coroneles llegaron al lugar de los hechos y presionaron a sus subalternos para que no contaran la verdad sobre los hechos.
En este caso rechazó las inferencias que hizo la juez de primera instancia que indicó que estas personas estarían buscando beneficios jurídicos a cambio de colaborar con la justicia, así como el hecho de que habían hechos estas declaraciones en son de venganza y retaliación contra Arévalo y Vivas.
"En el presente caso estamos ante conductas sumamente graves al modificar una escena del crimen donde murió un menor de edad a manos de un servidor de la policía. Es indiscutible que no sólo la sociedad resulta afectada por personas como los aquí implicadas pues de ellas se esperaría una conducta intachable", precisó.