La Fiscalía General cobijó con medida de aseguramiento a seis militares y dos paramilitares desmovilizados en el marco del proceso que se les adelanta por su participación en el homicidio de dos indígenas Kankuamos procesados como guerrilleros de las Farc abatidos en combate.
Los hechos se presentaron el 16 de julio de 2003 cuando integrantes de unidades contraguerrilla llegaron al corregimiento de Guatapurí, y retuvieron y dieron muerte a los indígenas kankuamos Arias y Cáceres, previo señalamiento que les hicieran integrantes de las AUC, que acompañaban a los efectivos militares.
En la decisión tomada por un fiscal de Derechos Humanos se indicó que los indígenas fueron presentados como guerrilleros de las Farc abatidos en el desarrollo de la Operación Judas.
Ante sus superiores manifestaron además en el operativo se les habían incautado a los supuestos subversivos un fusil M1, una pistola calibre 9 mm, un revólver calibre 38, dos granadas de fragmentación y un radio de comunicaciones de banda de dos metros.
Los uniformados serán procesados por su presunta participación en los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y fabricación tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal y de municiones de uso privativo de las fuerzas militares.
Esta decisión cobija al coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien en la actualidad en procesad por su participación en un caso de “falso positivo”.
La decisión también cobija a Carlos Andrés Lora Cabrales, quien para la época de los hechos se desempañaba como Teniente y en la actualidad se encuentra pagando una pena de 30 años de prisión, así como a Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, actualmente privado de libertad, purgando una pena por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida y Geiber José Fuentes Montaño, condenado a una penas de 40 años por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.
En la decisión el fiscal del caso se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de los procesados por el delito de concierto para delinquir, toda vez que aun que se ha indicado que los hechos se cometieron dentro del contexto de un acuerdo criminal entre integrantes del Batallón la Popa y las AUC, sin embargo, tal comportamiento ya fue investigado.