En una audiencia que duró más de 20 horas, la juez 19 de garantías cobijó con medida de aseguramiento a los tres policías y los dos civiles procesados por su presunta participación en la manipulación de pruebas en la escena del crimen en la investigación que se adelanta por la muerte del joven grafitero, Diego Felipe Becerra, registrada el 19 de agosto de 2011.
La funcionaria judicial aceptó los argumentos presentados por la Fiscalía General, los cuales fueron avalados por el representante de la Procuraduría, y envió a un centro penitenciario al subteniente de la Policía Rósemberg Madrid Orozco, el subintendente Juan Carlos Leal Barrera, el patrullero Nelson Daniel Rodríguez, el abogado Héctor Hernando Ruiz Echavarría y el conductor del bus de servicio público.
La juez de garantías consideró que estas personas en libertad podrían afectar el curso de la investigación que se adelanta en su contra por presuntamente haber ubicado un arma de manera predeterminada en la escena del crimen (Av. Suba con calle 106) con el fin de acusar al joven de 16 años de haber participado en un atraco a un bus de servicio público y luego haberle disparado al patrullero Wilmer Antonio Alarcón quien “en defensa propia” le disparó propinándole la muerte.
En el caso de los uniformados, la administradora de justicia negó su detención en una instalación de la Policía al considerar que no fueron actos de servicio, por lo que decidió enviarlos al pabellón de funcionarios públicos en la cárcel La Picota.
En sus consideraciones, la juez de garantías rechazó la solicitud presentada por la defensa de los dos civiles para que fueran cobijados con la detención domiciliaria, y los envió a diferentes centros carcelarios mientras inicia el juicio en su contra como medida preventiva.
La audiencia fue suspendida a las 3:15 de la mañana y se espera que se reanude este jueves a las nueve con el fin de recibir los recursos de reposición y apelación por parte de los abogados defensores.
Las pruebas de la Fiscalía
Durante las audiencias celebradas entre el martes y el miércoles la Fiscalía General les imputó los delitos de fraude procesal, ocultamiento y destrucción de elemento material probatorio, favorecimiento en homicidio y falsa denuncia.
En su intervención, el fiscal 295 de la unidad anticorrupción presentó un detallado relato sobre los hechos registrados en la noche del 19 de agosto de 2011 en el sector de Suba en el noroccidente de Bogotá cuando el patrullero Wilmer Antonio Alarcón le disparó en extraños hechos al joven de 16 años.
En este sentido indicó que según las investigaciones adelantadas los agentes del CTI que llegaron al lugar de los hechos no registraron la presencia de un arma de fuego, por lo que llama la atención que tres horas de primer informe se hiciera alusión a una pistola "que apareció extrañamente en el lugar".
"Existen contradicciones en las declaraciones entregadas por Alarcón y lo encontrado en la escena del crimen", indicó el fiscal haciendo referencia a que el patrullero siempre aseguró en el comienzo que "creía" que el joven tenía un arma de fuego.
Igualmente se indica que en las pruebas técnicas precisadas al lugar se pudo encontrar que el arma que fue encontrada "después" por los uniformados que llegaron a la escena de crimen "no funcionaba puesto que tenía fallas".
En este sentido indicó que según las pruebas adelantadas por el CTI de la Fiscalía y Medicina Legal la pistola no servia y que para dispararla "se tenía que ser un experto en el manejo de armas, pues la bala se tenía que ubicar de manera manual".
El fiscal del caso le solicitó a la juez de garantías que cobije con medida de aseguramiento en un centro carcelario a los cinco implicados en este caso argumentando que son un peligro para la sociedad y que pueden obstruir la justicia en este caso.
En su intervención el fiscal del caso presentó las declaraciones de tres testigos presenciales quienes observaron la persecución realizada por el patrullero al joven de 16 años en hechos que no han sido aclarados.
Los tres jóvenes que acompañaron a Diego Felipe Becerra indicaron que pese a que el uniformado los revisó en un primer momento y pudo constatar que no portaban ninguna arma de fuego ni corto punzante, sin embargo el patrullero emprendió una persecución por varias cuadras hasta que sonó un disparo.
“Yo lo vi en el piso y me dijo ‘no siento las piernas’ entonces yo me volteé y le dije al patrullero que por qué hizo eso. Creo que Diego Felipe estaba agonizando, cuando le di la vuelta vi que tenía una herida. Tenía un quemonazo, le dije que a quién se le ocurría disparar a esa distancia, no entendía si le había disparado un balín”, indicó.
Las incongruencias
En su extensa intervención, el fiscal del caso indicó que valiéndose en las pruebas técnicas y científicas practicadas, así como los testigos que declararon, se pudo comprobar que en ningún momento se presentó un intercambio de disparos como lo señaló Alarcón en su interrogatorio.
Prueba de esto es que los vecinos del sector y personas que pasaban por el lugar escucharon un solo disparo, señalando así que en ningún momento el joven le disparó al uniformado, quien en varias oportunidades ha señalado que actuó en defensa propia.
Y es que además los peritos del CTI que llegaron al lugar de los hechos no encontraron muestras que indicaran un intercambio de disparos puesto que no se encontraron registros de balas, disparos o cartuchos.
Ante esto, las pruebas técnicas indicaban que el joven había recibido un disparo de espaldas, puesto que el registro del ingreso de la bala indica que Diego Felipe fue herido mortalmente cuando corría.
Pese a que el patrullero le aseguró a los otros uniformados que llegaron al lugar antes de trasladar a Diego Felipe a la clínica Shaio de Bogotá que había un arma en el lugar, los peritos del CTI e incluso los mismos patrulleros no registraron la presencia de dicho objeto “pese a lo fácil que era ubicarlo de haber estado ahí”.
En horas de la noche, el abogado Héctor Ruiz llegó y se reunió con otro grupo de policías que estaban en la escena del crimen. En esos momentos se enfrentó a los agentes del CTI que estaban solicitando el informe de primer respondiente que debía entregar el entonces intendente Juan Carlos Leal.
“Después de 5 horas el informe de primer respondiente fue diligenciado por el Abogado Héctor Hernando Ruiz, quien escribió un informe de 12 líneas”, indicó el fiscal, quien fue reiterativo en señalar la participación del jurista en estos hechos.
La falsa denuncia
Igualmente la Fiscalía indicó que el conductor del bus, Jorge Narváez incurrió en serias contradicciones durante sus declaraciones sobre el tiempo, modo y lugar en el que se registraron los hechos del supuesto atraco protagonizado por Diego Felipe y tres amigos.
En este sentido el fiscal aseguró que no se entiende cómo Narváez dijo que el atraco había sido el 19 de agosto, sin embargo cuando se demostró que ese día el bus tenia pico y placa aseguró que había sido el día anterior, acusando a la persona de recibir la denuncia de cambiar la fecha.
Sin embargo, precisó en su exposición, este cambio en su declaración afectó todos los hechos narrados en un inicio, puesto que él fue la persona que le dio aviso, supuestamente, a los uniformados quienes iniciaron la persecución del joven de 16 años y sus compañeros.
Según el fiscal, aseguró que los pasajeros habían dado los nombres, número de Cedula y teléfonos a los uniformados del CAI de Andes de Suba, sin embargo dichos registros nunca aparecieron cuando se hicieron las respectivas inspecciones.
Igualmente se conoció que una teniente de la Policía de nombre Nancy le dio la orden a un uniformado de un CAI Móvil para que se desplazara a la localidad del 20 de Julio a recibir una denuncia el día martes 23 de Agosto.
En ese momento el uniformado se encontró con Jorge Narváez en una cafetería de dicho barrio, ahí llegó el entonces comandante de la Policía Metropolitana, general Francisco Patiño quien se quedó hablando con el conductor de la buseta por más de 10 minutos.