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En las horas de la tarde del pasado 2 de diciembre, Carlos Arturo Mena Rentería, un reconocido vocero de la comunidad del Rincón del Indio, caserío de Mapiripán (Meta), fue asesinado en su propia casa. Fue uno más de los 170 líderes sociales que, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), murieron acribillados en 2017. Sobre su cuerpo quedó una nota que decía: “Lo matamos por sapo y por informante”, denunció, en ese momento, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Según denunció la ONG, “hombres de las disidencias de la exguerrilla de las Farc, específicamente del Frente Primero, llegaron a la residencia del líder y sin mediar palabra le dispararon”. Este 21 de marzo, tres meses y tres semanas después, se supo que los responsables del crimen fueron, efectivamente, disidencias de las Farc. (Lea: Las disidencias de las Farc tendrían entre 1.000 y 1.500 hombres)
Ante un juez de Garantías, Miller Castilla Molano, alias Raúl Carruciano; Wilmer Sierra Silva, alias Farid; y Rubén Darío Triana Tabares, alias John Valencia aceptaron su culpabilidad por el homicidio de Mena Rentería. Mientras se conoce su sentencia, los tres integrantes de Frente Primero deberán detenidos en un centro de reclusión en Acacías (Meta).
El Frente Primero, comandado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, sigue manejando las rutas del narcotráfico y según informes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se estima que actualmente hay entre 1.000 y 1.500 disidentes. La FIP también informó que los diferentes grupos pertenecientes a la exguerrilla de las Farc siguen realizando actividades de reclutamiento forzado, extorsión, homicidios, secuestro y desplazamiento forzado, entre otros.
De los tres culpables se sabe que Miller Castilla era el presunto encargado de las finanzas del grupo de disidentes y fue capturado en Villavicencio. Wilmer Sierra Silva, alias Farid y Rubén Darío Triana Tabares, alias John Valencia, fueron localizados en un hotel del centro de Bogotá. Según la Fiscalía, tenían la intención de presentarse a las oficinas del Grupo de Atención al Desmovilizado con el propósito de iniciar su reincorporación.
Para la comunidad de Mapiripán, la muerte de Mena Rentería fue un golpe duro. Mena llevaba representando a la comunidad en temas de defensa de derechos humanos desde hacía varios años, y Mapiripán es uno de los municipios que más ha sido afectado por el conflicto armado en Colombia desde los años 90. Por ejemplo, en 1996, fue objeto de una toma que realizaron más de 200 guerrilleros. Al año siguiente llegaron los paramilitares, que del 15 al 20 de julio masacraron y desaparecieron a un número indeterminado de pobladores.
El asesinato de Mena Rentería se suma, según cifras de Indepaz, a los 205 líderes sociales ejecutados en el país desde que comenzó la implementación de los Acuerdos de La Habana.Aunque en este caso se comprobó la culpabilidad del Frente Primero, aún siguen en impunidad casi todos los homicidios de defensores de derechos humanos. El Gobierno, por su parte, insiste en que no son sistemáticos.