:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/o9WEmqfpdjP_0RbrvyfVEr1Bicg=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/PHAR4XVDCVHTXMCVFQ6GNZWJ7Q.jpg)
Casi no se va el hasta esta semana presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Francisco Ricaurte. Hace cuatro meses, el Consejo de Estado anuló su elección por irregularidades. No obstante, Ricaurte hizo hasta lo imposible para mantenerse en el cargo. Fueron cuatro meses de recursos judiciales a diestra y siniestra, de un agotador tire y afloje entre el Consejo de Estado y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Hasta ayer, cuando este alto tribunal le puso fin a la película al negarle a Ricaurte un recurso de aclaración que interpuso, precisamente, para tumbar el fallo que anuló su elección y que cortó de tajo esa cuestionada práctica clientelista conocida como “yo te elijo, tú me eliges”; es decir, ser escogido por magistrados a los que en su momento ayudó a elegir. Como ocurrió con Ricaurte.
Sólo falta que Ricaurte sea notificado del fallo —que tuvo apenas un voto en contra—, para que salga del Palacio de Justicia. Esto debido a que al presidente del Consejo Superior de la Judicatura ya no le quedan recursos judiciales para evitar lo inevitable: que el fallo del 15 de julio de 2014 se haga realidad.
En este, el Consejo de Estado sostuvo que la Corte Suprema de Justicia, al elegir a su otrora presidente como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, “pasó por alto el principio de participación democrática amplia” y que la elección de Ricaurte “quebrantó exigencias de mérito e igualdad en el acceso, propició la acumulación y concentración del poder en unos pocos y dio lugar a prácticas indebidas, como el conflicto de intereses y el clientelismo”.
Y dijo que con ella se incurrió en un “flagrante desconocimiento de importantes disposiciones constitucionales y legales, como lo es el principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos, entre cuyos fines se encuentra asegurar la participación democrática y pluralista, así como en materializar el Estado de derecho, el que repele cualquier tipo de ejercicio discriminatorio y concentrado del poder”.
De esta forma, el alto tribunal les dio la razón a quienes demandaron la elección de Ricaurte —entre ellos los columnistas de este diario Cecilia Orozco, Ramiro Bejarano y Rodrigo Uprimny— por considerarla producto de una manguala dentro de la Rama Judicial.
Pero cuando todo estaba listo para que Ricaurte saliera del cargo, apareció de repente la directora ejecutiva de la Administración Judicial, Celinea Oróstegui de Jiménez, e interpuso una acción de nulidad contra el fallo porque el Consejo de Estado no la había notificado de la decisión lo que, en su criterio, invalidaba el proceso contra el magistrado.
Y entonces vino el primer frenazo. El fallo estuvo en suspenso hasta que el pasado 25 de septiembre el Consejo de Estado le dijo no a la solicitud y —como si fuera poco— multó a Orostegui por haber interpuesto este recurso, según el alto tribunal, con el fin de inducir a error a la justicia “para convencer y determinar al despacho a decretar una nulidad inexistente”.
El alto tribunal sostuvo que la solicitud no sólo fue improcedente, “sino que se construyó sobre la base de afirmaciones evidentemente contrarias a la verdad, con lo que se quebrantaron imperativos jurídicos fundamentales como aquellos que prescriben obrar acorde con los principios de lealtad procesal y buena fe, así como exigen actuaciones probas, veraces y serias, que excluyan la temeridad”.
Y por ello compulsó copias a la Fiscalía para que investigara a Orostegui y al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que indagara si la abogada de la directora ejecutiva de la Administración Judicial incurrió en alguna falta disciplinaria. Luego de esto, Ricaurte interpuso un recurso de réplica y, luego, uno de aclaración, el mismo que fue negado ayer por el Consejo de Estado en un fallo que constituye un duro golpe a un todopoderoso magistrado, uno de los pocos que han sido presidentes de dos de las cuatro altas cortes colombianas.
Esta decisión, además, es un preludio de otra anulación anunciada: la de la elección del presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Pedro Munar, por razones muy similares a las que sacaron a Ricaurte de la Judicatura: el pernicioso “yo te elijo, tú me eliges”.