El inversionista italiano, Alessandro Corridori radicó una demanda contra la Nación por lo que considera una afectación a su patrimonio tras la intervención en diciembre de 2012 por parte del Estado a la firma comisionista InterBolsa S.A.
En la acción, que fue trasladada a la Procuraduría para la respectiva audiencia de conciliación, Corrirdori manifiesta que tuvo que pagar de su bolsillo un crédito cercano a los 166 millones de pasos para el pago de los trabajadores del denominado Grupo Corridori así como otros gastos.
El empresario foráneo asegura además que la Superintendencia de Sociedades cometió una serie de irregularidades al tomar una decisión que catalogó como apresurada, puesto que se inició el proceso de liquidación de varias firmas inscritas a la comisionista que no tenían relación con las fallas que se habían presentado.
En este punto asegura que cuando se tomó la decisión de liquidar la firma Invertácticas S.A.S. se vulneró el debido proceso ya que no se tuvieron en cuenta las directrices establecidas por la Bolsa de Valores de Colombia y la Superintendencia Financiera. Igualmente se señala que no se dio lugar a una recalificación del valor de la acción de la empresa Fabricato.
En este sentido se indica que al momento de la intervención las acciones bajaron de 50 a 20 pesos cada una. Corridori, cuyo nombre se hizo conocido después del escándalo, llegó a convertirse en el máximo accionista de Fabricato, sin embargo para la Fiscalía General existen serios indicios de que mediante acciones irregulares logró modificar el valor de cada una de las acciones en el mercado bursátil.
A finales de diciembre del año pasado, una jueza de control de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento al inversionista extranjero en la cárcel La Picota. Corridori se declaró inocente de los cargos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir imputados por la Fiscalía General.