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Casos de corrupción no son una práctica generalizada: comandante del Ejército

Aparentes 'chuzadas' ilegales, irregularidades en los centros de detención militar, contratación amañada y tráfico de armas son apenas los casos que salieron a luz pública esta semana.

El Espectador
04 de marzo de 2014 - 03:37 p. m.
Casos de corrupción no son una práctica generalizada: comandante del Ejército

Tras una serie de revelaciones y denuncias que involucran a varios militares del Ejército en casos de corrupción, el general Jaime Lasprilla, pidió no estigmatizar la Institución por las faltas de “algunos militares” que actuaron por fuera de la ley.

Señaló que el reciente escándalo de tráfico de armas, por el se ordenó la captura de 15 personas - entre militares activos, retirados y civiles- no lo sorprende ya que este resultado se logró tras una investigación que el mismo Ejército inició hace dos años.

El Ejército tiene hoy 228 mil hombres. Primero no es una práctica generalizada del Ejército y quiero hacer énfasis en que estamos haciendo las investigaciones en la medida en que lleguen denuncias porque este ha sido un compromiso permanente de la institución. Estamos individualizando responsabilidades y por eso hay esas capturas”, dijo el general Lasprilla en declaraciones a Blu radio.

Lasprilla negó además que este escándalo tenga alguna relación con el revolcón de la cúpula militar, ocurrida hace algunas semanas a raíz de las denuncias de contratos amañados dentro el Ejército y que le costó el puesto al comandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero y del general Javier Enrique Rey Navas, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares, entre otros oficiales.

“Este es un proceso adelantado por la Fiscalía, en colaboración con el Ejército que nos e podía divulgar hasta que no llegara a concretarse en términos de una noticia criminal y unas órdenes de captura que fueron adelantadas en el día de ayer”, indicó el alto oficial.

Red de tráfico de armas

El lunes la Fiscalía General dictó 15 órdenes de captura en contra de un grupo de cuatro militares activos, seis en retiro y dos de la Policía Nacional en el marco de la investigación que se adelanta por los hechos que corrupción en las Fuerzas Militares.

En la lista se encuentra el coronel (r) Robinson González del Río, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá por un proceso que enfrenta por su presunta participación en los denominados “falsos positivos”.

La investigación se inició en el año 2012 después de que se allegaran unas denuncias sobre tráfico y venta de armamento en diferentes batallones del país. Las pruebas recolectadas señalan al coronel en retiro de ser el jefe de esta red.

La base de la investigación son una serie de interceptaciones telefónicas adelantadas por los organismos de seguridad del Estado que permiten vincular al coronel con estos hechos y su relación con miembros de bandas criminales y grupos al margen de la ley.

En una de esas conversaciones, el coronel en retiro, estando en prisión, estableció una conversación con el entonces magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y uno de sus familiares. En ese momento se hablaba sobre la compra de municiones y armamento.

Igualmente los investigadores pudieron determinar que aprovechándose de su rango y de sus contactos el coronel González del Río controlaba el tráfico de armas, las cuales eran desarmadas y sacadas de las unidades militares, utilizando vehículos oficiales y particulares, con el fin de venderlas al mejor postor.

Por estos hechos tendrá que responder en audiencia pública por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de armas y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. El oficial, quien hace dos semanas fue llamado a calificar servicios, también enfrenta una investigación por las irregularidades en la contratación en el Ejército.

Se espera que en las próximas horas se hagan efectivas las órdenes de captura que serán ejecutadas en 10 ciudades del país. Los detenidos serán trasladados a Montería, Córdoba, debido a que la investigación la adelanta un fiscal especializado de esta ciudad.
 

Por El Espectador

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