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El pasado 3 de agosto, el senador por el Polo Democrático, Jorge Robledo, envió un derecho de petición al despacho del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el que le pidió al recién posesionado fiscal que “le indique al país los casos en los que se va a declarar impedido por configurarse conflicto de intereses”. (Lea: 'Néstor Humberto Martínez no tendrá los sesgos políticos de la anterior administración': Procurador)
Desde que fue ternado, el senador Robledo se opuso a la elección de Martínez como fiscal, debido a los estrechos lazos que durante su trayectoria como abogado Martínez ha tejido con el poder político y económico del país. No solo fue el asesor legal de cabecera de Luis Carlos Sarmiento, el dueño de El Tiempo y el grupo AV Villas, sino que además, su firma de abogados, Martínez Neira Abogados, se asoció con la firma de abogados más grande del mundo, DLA Piper, que tiene presencia en 30 países.
Además, durante sus épocas en el sector privado, Martínez defendió a ingenios azucareros, asesoró jurídicamente a las empresas en fusiones bancarias como la del Banco Colpatria con Corpavi, la de BanSuperior y Davivienda, y la del Banco de Bogotá y Megabanco. Asimismo, defendió los intereses de Pacific Rubiales contra Ecopetrol por la cláusula de precios altos en el contrato de Campo Quifa.
Por eso, en la carta que le envió al actual fiscal general, el congresista le pidió al también funcionario público que “teniendo en cuenta sus estrechos lazos de confianza y amistad con los directivos de numerosas corporaciones” así como los de su hijo Camilo Martínez Beltrán, director de su buffet de abogados, aclare “todos aquellos casos en donde su imparcialidad se encuentra comprometida, y donde sus intereses particulares pueden entrar en contradicción con el interés general”.
Jorge Enrique Robledo basó su solicitud legal en “la transparencia, la imparcialidad y la moralidad que deben predicarse de todas las actuaciones públicas, en especial de las que hacen parte de la rama judicial”.
Si bien aún no se conoce la respuesta del despacho del fiscal Martínez, al tratarse de una solicitud formal, la petición del senador deberá responderse dentro de los próximos 15 días hábiles.