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Tras el reciente asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, se puso de relieve la compleja situación de seguridad en la que se encuentran comunicadores, defensores de derechos humanos y líderes sociales en Antioquia.
A pesar de que varias asociaciones de periodistas del departamento sostuvieron una reunión con el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, para evaluar los esquemas de seguridad de al menos ocho comunicadores amenazados, lo cierto es que el panorama para sindicalistas, líderes sociales y reclamantes de tierras de la región es incierto.
De acuerdo con la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, más de 67 líderes se encuentran amenazados por bandas criminales en Antioquia y a pesar de las intimidaciones, las víctimas aseguran que sus esquemas de seguridad no son sólidos.
“Es muy grave la situación de defensores de derechos humanos, sindicalistas, desplazados y líderes comunitarios porque cada vez aumentan las amenazas especialmente contra la Mesa”, manifestó a Noticias Caracol Carlos Ardila, vocero de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá.
De los líderes amenazados, se estima que 23 se encuentran en las regiones, lejos de Medellín y donde sus problemáticas son poco visibles, especialmente en zonas como el Magdalena Medio, Urabá, Oriente y Suroeste, en donde permanecen bajo el yugo criminal y según sus voceros, con muy poca protección.
“La Mesa departamental de Víctimas de Antioquia ha sido declarada objetivo militar de las Autodefensas Gaitanistas. Tenemos ya cuatro miembros con nombres propios a quienes amenazan con asesinarlos y hasta el momento los esquemas de seguridad que ha vendido dando la UNP son muy débiles”, explicó Éber Borja, vocero de la Mesa departamental de Víctimas de Antioquia.
En Medellín y su Área Metropolitana el panorama no es distinto: 45 líderes entre reclamantes, víctimas y sindicalistas han denunciado intimidaciones de algún tipo por lo que se sienten desprotegidos. En ese sentido y como forma de protesta, se encadenaron en pleno Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín.
“La UNP nos está poniendo de carne de cañón de los grupos armados al margen de la ley”, puntualizó Alejandro Betancur, vocero de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá.