¿Chuzadas desde la Fiscalía? Escándalo que va creciendo

El fiscal encargado, Fabio Espitia, informó el viernes pasado que ya se hizo una auditoría sobre el tema. / Óscar Pérez

La denuncia de posibles interceptaciones ilegales hechas desde la propia Fiscalía, organismo cuyo mandato es escuchar conversaciones privadas solo por vías legales y con aval de jueces, es un asunto que ha ido escalando en los últimos días y que apunta a ser el escándalo de cierre de este año. Dos escenarios se han tejido con cuestionamientos de posibles chuzadas, con un nombre en común. Y mientras el fiscal encargado, Fabio Espitia, promete resultados de una auditoría al sistema Esperanza, desde el cual la Fiscalía hace interceptaciones, el tema toma forma de tormenta.

El primer escenario se dio el pasado 19 de noviembre. Una veintena de miembros de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales llegaron a la Fiscalía para hacer una visita especial —especie de inspección— en cuatro puntos: el despacho del fiscal Daniel Hernández, el del fiscal Álvaro Betancur, el departamento de sistemas y la sede de la plataforma Esperanza. Una denuncia anónima fue el origen de la diligencia ordenada por el magistrado Alejandro Meza Cardales, quien llegó al Consejo Superior de la Judicatura el año pasado tras su campaña fallida al Senado en 2014 con el Partido Verde.

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Este diario ha contado que la diligencia de la Procuraduría tenía un propósito: recolectar información sobre el trabajo de los dos funcionarios judiciales, pues, según la denuncia, habrían utilizado expedientes como fachada para ordenar interceptaciones. Esos procesos, dice el documento, son el del exfiscal Fabio Martínez Lugo, los que se abrieron contra Laude Fernández, exdirector del Berkeley Research Group (BRG), y uno más de Odebrecht. En los tres primeros, el fiscal es Álvaro Betancur. En el último, es Daniel Hernández.

El segundo escenario salió a la luz pública el pasado domingo. El periodista Daniel Coronell publicó en Semana una columna titulada “¿La paz chuzada?”, en la que aseguró que los exfuncionarios de la Fiscalía Fabio Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora enviaron una solicitud para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ofrecieron entregar información sobre un tema sensible y controversial: ambos aseguraron que, mientras fue fiscal general, Néstor Humberto Martínez obtuvo información a través de interceptaciones ilegales realizadas desde la entidad que lideró.

La información revelada por Coronell tuvo una segunda puntada el jueves pasado, a través de la periodista María Jimena Duzán, también de Semana. Duzán develó parte del documento que Gómez Góngora y Martínez Lugo remitieron a la JEP, en el cual se dan detalles sobre cómo habría operado el nuevo capítulo de chuzadas. Allí se lee que las abogadas Consuelo Parra y Lina Sierra fueron interceptadas ilegalmente, añadiendo sus números a la investigación por el asesinato de un profesor de la Universidad Tecnológica del Chocó, ocurrido en febrero de 2014.

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Consuelo Parra y Lina Sierra, contaron el exfiscal Martínez Lugo y el excoordinador de la sala Diamante de la plataforma Esperanza, Gómez Góngora, eran las abogadas de dos jefes del Clan Úsuga: David Antonio Úsuga, alias Otoniel, y su mano derecha, Carlos Mario Tuberquia, alias Nicolás. Los exfuncionarios aseveraron que en algún momento —el documento no especifica fechas— ellas se acercaron a personas involucradas en la negociación con las Farc para manifestar el interés de los miembros del Clan Úsuga en un posible sometimiento a la justicia y beneficios para su gente.

Entre los nombres de los supuestos interceptados figuran Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Álvaro Leyva. Duzán agregó en su artículo a Álex Vernot, Luis Fernando Andrade, Jorge Perdomo y Julián Quintana. Todos, en teoría, por razones distintas. El relato de Martínez Lugo y Gómez Góngora salpica también a la Dijín de la Policía: “Las verificaciones de los resultados de las interceptaciones se efectuaban a través de un grupo especial de la Dijín-CTI, con facultades y capacidad para efectuar seguimientos dentro y fuera del país y así obtener información en tiempo real de los blancos perseguidos”.

Para entender el enmarañado panorama es preciso saber quién es quién en la historia. Álex Vernot era el abogado de Carlos Mattos, millonario empresario colombiano que por años representó a Hyundai en Colombia y tuvo a Néstor Humberto Martínez como abogado. Vernot fue detenido, procesado y llamado a juicio en la administración Martínez porque, presuntamente, ofreció US$2 millones para acallar a un testigo adverso a Mattos. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU cuestionó la imparcialidad de la Fiscalía de Martínez para manejar este caso.

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A Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, lo graduó Néstor Humberto Martínez como “conspirador” en su contra. Lo hizo el 28 de noviembre del año pasado ante el Congreso, en un debate transmitido para todo el país, al cual fue invitado Martínez pues el tema a discutir fueron sus conflictos de intereses en el expediente de Odebrecht (que llevaron a la Corte a separarlo de tres de sus capítulos). La Fiscalía de Martínez procesó a Andrade porque habría beneficiado a Odebrecht con decisiones desde la ANI. Andrade lo ha negado.

“Sospechábamos que estábamos interceptados ilegalmente de parte de la Fiscalía y por la fuente de la cual proviene no me queda duda de que la Fiscalía ha sido utilizada ilegal y brutalmente para la defensa y protección de los intereses del fiscal general y sus clientes”, dijo a este diario Jesús Albeiro Yepes, abogado de Luis Fernando Andrade, quien se encuentra viviendo en Estados Unidos desde principio de año. “Esto demuestra los niveles de degradación a los que fue llevada la Fiscalía. ¿Quién va a tomar control sobre esto? ¿Quién puede garantizar que la Fiscalía haga bien sus cosas? No hay ningún tipo de garantías”, reclamó el abogado Yepes.

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Mildred Hartmann, defensora de Carlos Mattos en Colombia, sospecha que la consecución ilegal de información no se limitó a Álex Vernot. “Un día nos dimos cuenta de que la Fiscalía sabía qué íbamos a solicitar en la audiencia. Siempre me pregunté cómo se enteraron”, dijo la litigante a este diario. Una anécdota similar cuenta Jorge Ibáñez Najar, uno de los tres árbitros del laudo que en agosto de este año dirimió la pelea entre la Concesionaria Ruta del Sol (compuesta por Odebrecht; Episol, que pertenece al Grupo Aval, y CSS Constructores) y el Estado colombiano.

Ibáñez Najar recordó que, en enero pasado, se reunió con sus pares, Catalina Hoyos y Carlos Mauricio González, para hablar sobre el proceso, que terminó en que el Estado no va a asumir los costos de la corrupción de Odebrecht. Ibáñez detectó posibles errores y lo advirtió. En tres días, los bancos y Episol radicaron memoriales solicitando nulidades con base en los errores que mencionó Ibañez Najar. A partir de ahí, cuentan otras fuentes, hubo un estado de nerviosismo del que solo salieron los árbitros autoimponiéndose medidas de prevención, como trabajar en computadores que no conectaban a wifi y compartiendo información solo con USB.

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En el primer y el segundo escenario hay un nombre clave que, hasta ahora, todavía no produce mucho eco: Daniel Hernández. El anónimo que llegó a la Judicatura indicaba que él (junto a Álvaro Betancur) ordenó interceptaciones ilegales mimetizadas dentro de procesos que nada tenían que ver con los sujetos interceptados. Y Hernández, según declararon Fabio Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora, era una especie de intermediario del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez para que las chuzadas se ejecutaran según los deseos de Martínez.

Daniel Hernández, quien lleva más de 15 años en la Fiscalía, gozó de absoluta confianza de Néstor Humberto Martínez. A raíz de estas denuncias, el viernes pasado, tanto él como Betancur le pidieron al fiscal encargado, Fabio Espitia —quien llegó a ese cargo por designación del propio Martínez tras su renuncia a la entidad en mayo—, que investigara. “Nada más falso y cobarde que las declaraciones hechas por estos funcionarios (…) es entendible que ahora, quienes sí le deben a la justicia, intenten atacarnos y enlodarnos”, expresaron en una comunicación conjunta.

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Néstor Humberto Martínez ha negado cualquier relación con este entramado. Desde el domingo pasado, cuando Coronell publicó su columna, protestó por los señalamientos y los calificó de torpes. “Si los diálogos de paz terminaron el mismo mes en que tomé posesión del cargo de fiscal, en agosto de 2016, cómo es posible que me atribuya interceptaciones ‘durante los diálogos’”, cuestionó el exfiscal, quien argumentó la dejación de su cargo por la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich.

“Para fortuna de la verdad, el sistema de interceptaciones de la Fiscalía es inmodificable y guarda trazo exacto de todo”, agregó el exfuncionario. “Se trata de una mentira del tamaño de una catedral, porque hasta mi retiro de la Fiscalía, ésta no tenía capacidades para intervenir esta clase de mensajes de texto, por lo cual es un imposible técnico (…) Nunca ordené un seguimiento, ni en este caso ni en otro”. Martínez manifestó que tiene “la convicción” de que la denuncia anónima contra Daniel Hernández y Álvaro Betancur hace “parte del mismo plan criminal”.

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Pero el tema avanza. El fiscal (e) Espitia informó el viernes pasado que ya se hizo una auditoría. Contó que a Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Humberto de la Calle les pidieron todos los números telefónicos que hubieran utilizado en los últimos años, así como a Diego Martínez y Enrique Santiago (asesores de las Farc). “Puedo afirmar que solamente aparece una interceptación a Álvaro Leyva en el año 2013. También una en 2019 a la exsenadora Piedad Córdoba. Voy a revisar la legalidad de esa(s) interceptación(es)”, puntualizó el alto funcionario.