La polémica apenas empieza. En la medida en que se conocen los alcances del nuevo capítulo sobre chuzadas a periodistas, se oyen múltiples voces pidiendo un cambio de rumbo en la Policía, investigaciones a fondo sobre lo que sigue sucediendo en los servicios de inteligencia, o mecanismos de control urgentes para que la práctica de las interceptaciones ilegales a las comunicaciones por parte de oficiales de la Fuerza Pública cese definitivamente. El nuevo escándalo tiene nombre propio, “la comunidad del anillo” que, según los documentos divulgados, afecta a congresistas, políticos, militares o periodistas.
El presidente Juan Manuel Santos ya dijo que no le temblará la mano para tomar correctivos al interior de la Policía, si se llegan a comprobar irregularidades y corrupción. El procurador Alejandro Ordóñez anunció que estará vigilante y actuante para determinar posibles responsabilidades de funcionarios públicos que resulten involucrados en actuaciones criminales. Ya la Fiscalía abrió investigaciones y por lo pronto ordenó interrogar al coronel (r) Gerson Castellanos, uno de los salpicados en el escándalo de la “comunidad del anillo”. En el ámbito político empiezan a escucharse propuestas de solución.
El senador Juan Manuel Galán, autor de la ley de inteligencia y contrainteligencia, aprobada en 2013, observó ayer que de cara al posconflicto y los nuevos retos del país en materia de seguridad, lo apropiado sería una reestructuración de la Policía. “Es necesario incluir mecanismos de control interno adecuados sobre los procedimientos para que cumplan estándares de transparencia”, destacó el congresista Galán, quien no descartó que se retome la figura del comisionado de Policía, para que exista mayor auditoría interna y no se sigan presentando estos casos graves.
A su vez, el senador Hernán Andrade fue más allá y sugirió que, más que reformas institucionales, lo que se está necesitando es un cambio de rumbo en los hombres que dirigen la Fuerza Pública. El congresista instó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y al propio presidente Santos, a que analicen el daño causado con este nuevo episodio de chuzadas, para que consideren si es necesario un cambio en la dirección de la Policía, un cambio en la cúpula de esta institución.
Y mientras comienzan a oírse fórmulas para encarar este nuevo grave capítulo de acoso y chuzadas a periodistas como Vicky Dávila, Claudia Morales, María del Rosario Arrázola, Daniel Coronell o Gustavo Álvarez Gardeazábal, también se siguen destapando detalles del escándalo de la “comunidad del anillo”. En palabras de un informante anónimo que le escribió a Vicky Dávila, “una red de prostitución al servicio del alto mando policial”, para drogar o alcoholizar hombres y mujeres para luego grabarlos teniendo relaciones sexuales, y posteriormente manipularlos, con la seguridad de que no van a hablar por físico miedo o por vergüenza.
Por ejemplo, que el grupo especial de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) que estaba andando por su cuenta, tenía varias salas de trabajo, unas para interceptar correos y otras para celulares, con presupuesto de más de $250 millones mensuales. Un grupo de hombres y mujeres, también manipulados por altos mandos, que chuzaban a los periodistas, y también a sus contactos, o sea a quienes se comunicaban con ellos. La idea era rastrear todo lo posible en el ámbito público y privado, incluso con propósitos más allá del desprestigio o el acoso.
En concreto, en el caso del informante, que se ha identificado como “María Eugenia Sáenz, “que documentó a Vicky Dávila lo que estaba sucediendo, lo resumió en estas palabras: “Oí que mi capitán dijo que a ti y a Claudia (Morales) tocaba arreglarlas fuera como fuera... sin entender muy bien hasta ahora si era comprarlas, matarlas, hacerles un montaje o qué”. En otro aparte de los correos que la periodista entregó a la Fiscalía y hoy son la base de la investigación, el informante le dijo a Vicky Dávila que en su caso, guardado en una carpeta, su reporte “estaba identificado OAV-P-13, que traduce Objetivo de Alto Valor-Periodista”.
Los documentos en poder de los organismos de investigación señalan, en testimonio del propio informante, que en el caso de Claudia Morales y Vicky Dávila se llegaron a crear por lo menos 50 informes, con carpetas adicionales para casos de otros periodistas. La fuente que documentó a Vicky Dávila lo que estaba sucediendo habló de un disco duro que manejaba la cabeza del grupo especial y cinco computadores con discos duros para clasificar información y fragmentarla. En uno de sus últimos mensajes, el informante aclaró que él sólo tenía una parte del rompecabezas, porque todo podía ser peor.
Incluso en los mensajes a Vicky Dávila, con nombres de los supuestos componentes de la “comunidad del anillo”, vehículos utilizados para el seguimiento a los periodistas, o descripción de los vulgares calificativos que se utilizaban para desprestigiar el trabajo de la directora de La FM Noticias, apareció información para advertirle que algunas de sus fuentes en la Policía no eran tan confiables. Particularmente una que la había, al parecer, grabado en su propio apartamento dos días antes de empezar a recibir los mensajes, con el fin de desinformarla. Una fuente que el informante denomina como “el Cabezón”.
Por lo pronto, mientras siguen apareciendo evidencias del nuevo capítulo de chuzadas ilegales contra periodistas, los organismos de investigación empiezan a ratificar la certeza de algunos de los datos consignados en los mensajes que el informante envió a Vicky Dávila. Por ejemplo, que el vehículo Audi Gris CES 867, que le dijo estaba siendo utilizado para seguirla, efectivamente pertenece a la Dipol, y está registrado con el NIT 800141397, con licencia de tránsito 10001263103.