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Investigación 27 Jul 2013 - 9:19 pm

Asunto de ciberseguridad

Chuzadas siguen en el ojo del huracán

La controversia por las interceptaciones de comunicaciones no cede. Fue demandado el decreto que las regula. Sistema Puma, en marcha.

Por: Norbey Quevedo Hernández
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    http://www.elespectador.com/noticias/judicial/chuzadas-siguen-el-ojo-del-huracan-articulo-436470
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Hasta el año 2014 están proyectados los recursos oficiales para el desarrollo de la plataforma Puma. / Fotoilustración

Primero fue la Ley de Inteligencia que se cayó en la Corte Constitucional en 2010. Después fue la liquidación del DAS en 2011, producto del desprestigio por el escándalo de las chuzadas ilegales en la era Uribe. Luego fue la controversia por la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis, más conocida como el Sistema Puma, que da facultades a la Policía para interceptar correos y redes sociales. Ahora la polémica vuelve por cuenta del decreto que reglamentó la interceptación de comunicaciones y los deberes de las empresas de telefonía.

Desde agosto de 2012, el Decreto 1704 que expidió el Ministerio de Tecnologías de la Información, con el apoyo de los ministerios de Defensa y Justicia, orientado a fortalecer la seguridad pública a través de estrictas obligaciones para los proveedores de servicios de telecomunicaciones, se había convertido en una pelea pendiente. Esta semana el decreto fue demandado ante el Consejo de Estado, con argumentos que reviven el debate entre la necesidad de investigar los delitos y la defensa de los derechos al buen nombre, la honra y la intimidad.

Lo hizo el abogado y catedrático Luis Gustavo Moreno, quien argumentó que es inconcebible que los proveedores de redes y servicios de telefonía e internet tengan algún tipo de competencia para interceptar comunicaciones de los particulares y que el Ministerio de Tecnologías de la Información defina especificaciones técnicas para hacerlo. En su demanda observó que si bien el Estado, en virtud del “monopolio de la fuerza”, tiene la facultad de interceptar comunicaciones, no puede obviar el control directo de la Corte Constitucional.

En otras palabras, el principal argumento con el que pretende echar abajo el controvertido Decreto 1704 de 2012, es el mismo que sirvió para que en noviembre de 2010 la Corte Constitucional tumbara la Ley 1288 de 2009 o Ley de Inteligencia. En esa ocasión los demandantes, en su mayoría defensores de derechos humanos, sustentaron que regular sobre un tema que afectaba la intimidad, la vida privada, el hábeas data o el derecho a la honra sólo podía hacerse a través de una ley estatutaria, por tratarse de derechos fundamentales.

La Corte Constitucional lo aceptó y tumbó toda la ley, recalcando que si bien las actividades de inteligencia son legítimas, no es menos cierto que averiguar hechos y situaciones que pertenecen a la esfera privada de las personas puede llegar a afectar el derecho a la intimidad. Sólo que ahora, en criterio del abogado Luis Gustavo Moreno, el Ejecutivo fue más allá e hizo lo mismo, pero a través de un simple decreto reglamentario, “en una actuación intencional” para eludir el debate político y evitar los controles del Poder Judicial.

“No bastó con lo que pasó con la Ley de Inteligencia, ni parece que se aprendió la lección de lo que sucedió con el DAS y sus actuaciones desbordadas. En Colombia, un tema como la interceptación de comunicaciones requiere discusión pública, pero con asuntos como el Sistema Puma o con la idea de un Ministerio de Seguridad, lo que parece es que el Gobierno tiene afán por reforzar sus poderes, pero sin debatirlos en un aspecto crucial como la inviolabilidad de la correspondencia u otras formas de comunicación privada”, resaltó Moreno.

Al margen de la nueva controversia, que por ahora tendrá que resolver el Consejo de Estado, lo que se advierte en la cronología de los últimos tiempos es que sí existe un marcado interés por fortalecer las actividades de investigación en las áreas de la ciberseguridad y la ciberdefensa. Inicialmente fue a través de la Ley de Inteligencia, promovida en el gobierno Uribe, en su momento cuestionada por sus contenidos y declarada inexequible por la Corte en 2010. Ya para entonces el asunto estaba en los proyectos del gobierno Santos.

En el llamado Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” fue incluido el tema de la necesidad de proteger al Estado en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Un año después de iniciada la era Santos ya era claro el énfasis en este objetivo. Primero, a través de la reforma penal que sacó avante la bancada de la Unidad Nacional y que cobró forma bajo la Ley 1453 de 2011. En dicho articulado se incluyeron dos preceptos específicos sobre la interceptación de comunicaciones y redes de datos.

La reforma penal fue sancionada el 24 de junio de 2011 y tres semanas después, el 14 de julio, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el documento 3701 con los lineamientos de la política oficial para la ciberseguridad y la ciberdefensa. En dicho estudio del Departamento Nacional de Planeación quedó claro que para el Gobierno era necesario contar con una estrategia frente a cualquier amenaza o incidente informático y que, además de crear instancias en esta materia, había que fortalecer las normas.

En el documento quedó escrito que el crecimiento del 354% de usuarios de internet en Colombia entre 2005 y 2009, sumado al uso creciente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, había elevado el nivel de exposición a las amenazas cibernéticas. De hecho, se referenció que en el primer semestre de 2011 el grupo de hackers Anonymous atacó los portales de la Presidencia, el Senado, Gobierno en Línea y los ministerios del Interior, Cultura y Defensa, dejando fuera del servicio sus páginas web por espacio de varias horas.

En desarrollo de un plan de acción se dispuso crear un equipo en el país para fortalecer la seguridad informática. Además, el documento dejó planteada la urgencia de implementar un Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares y un Centro Cibernético Policial. Con recursos proyectados hasta 2014, el documento Conpes dejó un catálogo de recomendaciones para fortalecer la estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa, incluyendo cooperación internacional, incremento de la legislación y capacitación especializada.

En el camino hacia la consolidación de estos objetivos se produjo la liquidación del DAS. “Es un enfermo en estado terminal. Démosle cristiana sepultura y creemos una entidad nueva”, había dicho en 2009 el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. El 31 de octubre de 2011, ya en calidad de presidente, Santos firmó el decreto de la disolución. Entonces, a través del Decreto 4179 de 2011, nació la Dirección Nacional de Inteligencia con una novedad: la nueva agencia quedó sin facultades para interceptar comunicaciones.

Aunque la agencia de inteligencia de naturaleza civil quedó habilitada para adelantar labores de recolección de información en coordinación con otras entidades del Estado, en la práctica la tarea de interceptar comunicaciones pasó a las entidades con facultades de Policía Judicial, en especial la Dijín. En ese momento, a través de la Resolución N° 0-400 de 2010, ya se había adoptado un manual de procedimiento del Sistema Esperanza para interceptar comunicaciones a cargo de la Fiscalía, lo que deja entender que antes no había sido tan riguroso en su manejo.

El tiempo siguió transcurriendo sin mayores novedades, hasta que en octubre de 2012 el periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal reveló que tanto él como su colega del programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, Hernán Peláez, eran objeto de interceptaciones telefónicas ilegales por parte de organismos del Estado. Aunque los señalamientos recayeron sobre la Agencia Nacional de Inteligencia, la justicia terminó por enfocar sus pesquisas hacia el coronel de la Policía Juan Carlos Nieto Aldana. El caso sigue en investigación.

Entre tanto, a principios de 2013, a instancias de varios medios de comunicación, surgió una nueva arista del debate. En ese momento se dijo que, si bien el único mecanismo legalmente aprobado para interceptaciones telefónicas en Colombia era el Sistema Esperanza, operado por la Fiscalía General de la Nación, se estaba construyendo otro bajo el control de la Policía llamado Plataforma Puma, y que este nuevo sistema tenía la capacidad de interceptar celulares, correos electrónicos, redes sociales y teléfonos fijos.

La polémica dio para que el senador Juan Lozano promoviera un debate en la Comisión Segunda y que se dijera que el Sistema Puma se había creado sin conocimiento ni consentimiento del fiscal Eduardo Montealegre. Planteado como una infraestructura para interceptar hasta 22.000 líneas, el asunto dio para que se hablara de una nueva era de interceptaciones ilegales y que hasta la excongresista Piedad Córdoba escribiera: “Después de las chuzadas, ¿alguien cree que el Estado pueda interceptar las redes sociales sin peligro para todos?”.

En medio de la polémica no faltó quien recordara que en 2007 el gobierno Uribe había tenido que retirar a 11 generales de la Policía por interceptaciones ilegales a políticos, periodistas y funcionarios públicos, o que referenciara el nombre del general Mauricio Santoyo, señalado de interceptar ilegalmente a organizaciones de derechos humanos en Antioquia. El director de la Policía, José León Riaño, tuvo que salir a defender el Sistema Puma, presentándolo como una plataforma de mucha ayuda tras la eventual firma de un proceso de paz.

Lo cierto es que el Sistema Puma no es un mecanismo nuevo, desde 2007 opera como parte de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Es más, a través de la Resolución N° 02057 del 15 de junio de ese año, el Grupo Plataforma Única de Monitoreo y Análisis aparece asignado al Área de Información Delincuencial y Análisis Crimonológico, entre otros aspectos, encargado de “coordinar las actividades relacionadas con los procesos de interceptación de comunicaciones ordenadas por autoridad competente”.

Hoy cuenta con más de 80 computadores, 16 servidores de mantenimiento, bases de datos y almacenamiento de información y, según registros contenidos en procesos de contratación, unidades de microondas, sondas para internet y sofisticados equipos de grabación, cartografía y análisis. Aunque desde hace seis años funciona en las instalaciones de la Dijín, en la avenida El Dorado en Bogotá, se tiene previsto que se traslade a un edificio en la localidad de Puente Aranda, con estaciones de trabajo distribuidas en la ciudad y redes de apoyo en el resto del país.

El Espectador consultó a la Procuraduría para establecer qué tipo de controles tiene hoy el sistema, y la respuesta fue que todas las interceptaciones tienen que ser avaladas por la Fiscalía y valoradas por jueces de garantías, y que por ahora existe un acompañamiento preventivo frente al proceso de contratación directa de carácter reservado que hoy se adelanta en la Policía para perfeccionar el mecanismo. En particular, observó el Ministerio Público, se han realizado tres recientes reuniones de trabajo para revisar todo lo que sea necesario.

Sin embargo, las dudas persisten y, bajo la perspectiva de que la tecnología va dejando un rastro imborrable que puede hacer vulnerable el derecho a la intimidad, la controversia también está atada a los contenidos del Decreto 1704 de 2012 —demandado ante el Consejo de Estado—, que define procedimientos para la interceptación legal de las comunicaciones. Un articulado que conmina a los proveedores de redes y servicios a suministrar los puntos de conexión y de acceso a la captura del tráfico de las comunicaciones que cursen por sus redes.

En otras palabras, la obligación de las empresas de facilitar las labores de interceptación y aportar sus bases de datos a los organismos de policía judicial, en aspectos como suscriptores, facturación o coordenadas geográficas. Una opción tan amplia como la concedida al Ministerio de Tecnologías de la Información para definir especificaciones técnicas y protocolos a seguir ante solicitudes de la Fiscalía. Un menú que, según el abogado Gustavo Moreno, al menos debieron tener un amplio debate y un especializado trámite en el Congreso.

nquevedo@elespectador.com

@norbeyquevedo

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OJOSABIERTOS

Dom, 11/10/2013 - 10:21
Para que Colombia no tenga problemascon el sisitema PUMA y su uso sea ejamplar, me permito respeuosamente proponer como Director de esa paltaforma una lista para que se nombre a un director: Jose obdulio Gaviria,, El general Pelaez Carmona, El general Maza Marquez, ei General Santoyo, Los exdirectires del DAS narvaez, y peñate, el Dr Palacino, Roy Barreras, Emilio Tapias, Ivan y Samuel Moreno, pachito Santos
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OJOSABIERTOS

Dom, 11/10/2013 - 10:10
Ya me imagino este sistema PUMA utilizado para beneficio del mejor postor: carteles, paracos, politicos, y hampones de toda calaña. Los colombianos si que somos estúpidos, ya sabemos de antemano que cabará siendo utilizado para beneficio de hampones, y como si nada.........
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fernando artavia lizarazo

Dom, 08/25/2013 - 09:02
El problema no está en las leyes, decretos, artículos e incisos sino en la indebida utilización de las mismas, por ej, tengo la convicción íntima dada la calidad de personas como abogado estoy asistiendo mis comunicaciones están siendo interceptadas, puede darse uno cuenta, de ahí que estoy exigiendole a mis interlocutores que por favor no me hablen con frases entrecortadas, más si he visto que cuando así suceden los analistas suelen darle el alcance que no corresponde, en otras palabras, lo que se les antoja y con ello van enviando las personas a la cárcel mientras se les investiga dentro del rigorismo procesal que en muchos actos contraviene la constitución porque hacen prevalecer las formas sobre la sustancia y así quebrandas derechos fundamentales y garantías judiciales.
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Rsaade

Lun, 07/29/2013 - 11:21
Al realizar interceptaciones a los ciudadanos por parte de los organismos del Estado, se están violando derechos fundamentales de la persona, que van incluso por encima de los interés del Estado; por esta razón en caso que sea necesario realizar algún tipo de interceptación esta debe ser avalada por un juez en donde se debe realizar un test de proporcionalidad. La demanda del abogado Luis Gustavo Moreno es muy importante porque busca proteger los derechos de las victimas de las interceptaciones realizadas por el Estado sin autorización alguna, las cuales son una muestra mas del poder absoluto que tiene el Estado sobre sus administrados.
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pao789

Dom, 07/28/2013 - 11:50
Por eso fue que Santos el traidor, se entero de la rechifla que le esperaba en Cali, nos tienen vigilados a todos.
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lo que yo ordenè.

Dom, 07/28/2013 - 11:26
control político a la Policía Nacional en caso que se compruebe que pondría en marcha el sistema PUMA, que tendría la posibilidad de interceptar comunicaciones de los ciudadanos a través de las redes sociales, páginas web, correos electrónicos y mensajería instantánea. "Estas nuevas medidas planteadas para hacer seguimientos desde la Policía, no permiten abrigar esperanzas de que se va a poner punto final a la violación de derechos humanos por parte de los organismos de inteligencia"la falta de regulación de este tipo de tecnologías generaría una oleada de interceptaciones como las registradas durante la época del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. la falta de regulación de este tipo de tecnologías generaría una oleada de interceptaciones como las registradas durante la época del Departamento Administrativo de Seguridad DAS.
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Alcaracoco

Dom, 07/28/2013 - 11:11
¿Se perdió el Derecho a la Intimidad? ¿Hasta Cuándo Seremos Vigilados, Seguidos, Chuzados, zaheridos, Vistos, por las Agencias de Seguridad del Estado? No hay Derecho a ser Perseguidos ... Vigilados ... No Señor. No hay Ninguna Excusa.
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cursor

Dom, 07/28/2013 - 10:35
Es que la mayoría de los torcidos y crímenes que planean Teodora, Ceperra, el cartel de la toga y el resto de delincuentes con licencia en este país..., los realizan por teléfono.!.
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lo que yo ordenè.

Dom, 07/28/2013 - 11:24
El caso de los seguimientos del DAS fue comparado con el escándalo del Watergate, que provocó la renuncia, en 1974, del entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, lo de aquí es peor. “Si en Estados Unidos por infiltrarse en un partido político llegaron a rodar cabezas, hasta la del propio jefe de Estado, pues aquí la cosa es mucho peor porque se ha infiltrado la privacidad de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de la justicia ordinaria del país”
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HOLARUNCHOS

Dom, 07/28/2013 - 09:50
LOS CRIMINALES NO TIENEN DERECHO AL INTIMIDAD........... ESOS SON LOS QUE A TRAVES DE CALANCHINES COMO ESTE NORVEY QUEVEDO ..MANTIENE HACIENDO ALHARACA............A TODO CRIMINAL EL ESTADO DEBE MANTENERLO VIGILADO..........O, SERA QUE HAN VISTO A ALGUN CIUDADANO DE BIEN CHILLANDO POR LAS CHUZADAS?
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Yrepito

Dom, 07/28/2013 - 11:48
Y como harás tu sin intimidad para disfrutar de tus maridos, HOLARUNCHAS? Realmente te importa un carajo, eres una trave frentera.
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PORESOLEDIGO

Dom, 07/28/2013 - 10:39
"los ciudadanos de bien" son los chuzadores no los chuzados......so bruto ! ! !....tarado! ! !
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HOLARUNCHOS

Dom, 07/28/2013 - 10:12
a terminar al primaria fifue´puta indio bruto
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PORESOLEDIGO

Dom, 07/28/2013 - 10:04
Holarunchos, policía y chuzador apestoso, no tiene culpa de lo que hace porque no sabe ni para quien trabaja...lo importante es que le tengan la panza medio llena...
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PORESOLEDIGO

Dom, 07/28/2013 - 09:37
El Estado es un mecanismo creado por las clases en el poder para garantizar su supremacía en la sociedad a lo largo del tiempo. Mantener esta supremacía significa aplastar por completo al resto de la sociedad, compuesta, principalmente, por los trabajadores y el resto de sectores poblaciones que no participan del poder. Aplastar significa eliminar derechos, salarios de subsistencia hasta desaparecer físicamente los inconformes. POR ESO LAS CHUZADAS SEGUIRÁN CON MAYOR RAZÓN a pesar de que la gente las denuncie.....
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HOLARUNCHOS

Dom, 07/28/2013 - 09:51
MECANISMO???????????........ ATERMINAR LA PRIMARIA........ MARRANO AMAESTRADO EN LA JUCO-UP-M-19, RIDICULO , IMBECIL E IGNIORANTE
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PORESOLEDIGO

Dom, 07/28/2013 - 09:35
El Estado es un mecanismo creado por las clases en el poder para garantizar su supremacía en la sociedad a lo largo del tiempo. Mantener esta supremacía significa aplastar por completo al resto de la sociedad, compuesta, principalmente, por los trabajadores y el resto de sectores poblaciones que no participan del poder. Aplastar significa eliminar derechos, salarios de subsistencia hasta desaparecer físicamente los inconformes. POR ESO LAS CHUZADAS SEGUIRÁN CON MAYOR RAZÓN a costa de la gente las denuncie.....
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gerosno

Dom, 07/28/2013 - 09:08
a los que les preocupa las chuzadas son al sartal de hampones de todo pelambre que hay en el pais de resto al resto de mortales honestos pero mal atendidos en salud trabajo educacion de despotricar del gobierno y los corruptos politicos no pasa pero los que tienen que cuadrar el cvy contratico senttencia apoyos micos viajes y a los terroristas de todo pelambre que les va a gustar que los escuchen no ve que se les acaba el movelon y a la carcel van a parar y los que viven de esto pues dejarina de ser los millonarios de la nada de tal manera apoyen a er si acabas con unos cuantos hampones
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fernando artavia lizarazo

Dom, 07/28/2013 - 08:22
Dentro de ese abuso está que a algunos abogados nos tienen interceptada las conversaciones, se le pregunta a las autoridades judiciales, sin embargo, se rehusan a informarlo, en mi caso, no me cabe la menor dura que así viene ocurriendo pero como todo lo convirtieron en secreto o reserva, jamás podremos saberlo. Que me intercepten no me preocupa, lo grave es que la mayoría de conversaciones son con clientes y ellos tienen derecho a su privacidad y para investigar cuando somos amenazados, ahí si no actuan, por ejemplo, en el 2011 fui objeto de amenazas, denuncie y no hicieron nada, acudí a la SIJIN, al GAULA, y nada.
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solarium50

Dom, 07/28/2013 - 09:04
no venga con el cuento de que usted es víctima de interceptaciones ilegales! abogados del montón no son objeto de seguimientos o si no, no habría suficiente tecnología para cubrir el montón de rábulas dedicados a este oficio.
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solarium50

Dom, 07/28/2013 - 08:02
hay que abrir muy bien el ojo y antes de insultar al enano así sea diciéndole verdades sobre el paramilitarismo o a santos sobre su marcada ineptitud y componendas politiqueras en las que campea la corrupción, midan sus palabras estimados foristas porque con este sistemita de chuzadas paraco-legal,rápidamente la policía va a dar con el paradero de los "insultadores" ,que pararán rápidamente con sus huesitos y carnitas en las mazmorras de la dijin o del gaula.
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solarium50

Dom, 07/28/2013 - 10:58
no hay caso ponerse en contienda con semejante " intelectual puro" como es este roedor ,que siempre tiene a flor de labios -si así se le puede llamar a esa jeta espantosa de lacra terrorista -,una grosería y una amenaza para quien ose contradecir su manera de ver las cosas.hay que tomarlo mejor como algo folclórico que pasa en el foro ,pero que al fin y al cabo ni una pizca de atención merece .
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HOLARUNCHOS

Dom, 07/28/2013 - 09:53
YA ES HORA DE QUE SUPERE EL TRAUMA....... FIFUEPUTA MARRANO AMAESTRADO EN LA JUCO
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Arezzo

Dom, 07/28/2013 - 07:30
A propósito de chuzadas , qué pasó con el tema de las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia por parte de Alvaro Uribe ??? Qué pasó con el tema de coordenadas conseguidas fraudulentamente por Uribe ????. Hasta cuando el país va a seguir permitiendo la impunidad ???
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Fernanda Morelos

Dom, 07/28/2013 - 07:11
EN EL ARRUME DE DECRETOS, LEYES Y ACTOS LEGISLATIVOS Y TODA ESA EXUBERANCI LEGAL, QUEDA CLARO POR LA EXPERIENCIA QUE TENEMOS DEL ESTADO COLOMBIANO QUE HAY ALCANTARILLAS DESDE LAS CUALES SE VIOLAN DE TODOS MODOS LOS DERECHS CIUDADANOS. OJO, NADIE SEA INGENUO DE PENSAR QUE LOS GENERALES Y ESPIAS PROFESIONALES PAGADOS POR EL ESTADO Y POR USA, ISRAEL Y UK SE VAN A PARAR EN PELOS PORQUE HAY UN DECRETO, O UN ACTO LEGISLATIVO. DE HECHO EE UU HAN IMPUESTO SU SISTEMA DE ESPIONAJE MUNDIAL POR ENCIMA DE CUALQUIER SOBERANIA, CORTE O JUEZ EE UU MONITOREA A SUS AGENTES LOCALES EN EL MUNDO, AQUI, A LOS NATIVOS COLOMBIANOS DE LA ANI. EL INTERES DE EE UU Y SUS SIRVIENTES LOCALES PREVALECE SOBRE LO QUE DIGA EL FISCAL O EL CONTRALOR GRAL. DE LA NACION. LA RED DE ESPIONAJE ES INALCANZABLE,ETEREA, INASIBLE
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pebeco

Dom, 07/28/2013 - 07:08
NUEVAMENTE EL ESTADO, EL MAYOR ENEMIGO DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA (NO DE LA HIG CLASS SINO DE TODO EL PUEBLO) SE LAS INGENIA PARA ESTABLECER UNA MAYOR INGERENCIA EN LA VIDA PRIVADA Y CONTROL ANÓNIMO DE LOS CIDADANOS........PERO QUE VA! PARA TODO HAY DISCULPAS ...... ¿Y EN QUE QUEDAMOS CON LA REFORMA A LA JUSTICIA? .......ADEMÁS EL ESTADO FLAGRANTEMENTE OLVIDA LOS DERECHOS DE SUS CIUDADANOS COMO EL DE LA SALUD ........ EL PRESUPUESTO DE 21.500.000.000.000 DE DÓLARES SOLO SIRVE DE ALIMENTO DE LA CORRUPCIÓN.... Y LAS MAGISTRALES E INMENSAMENTE ESTÚPIDAS IDEAS DE LOS PLÍTICOS Y POR ENDE DE LOS GOBERNANTES..... QUE TAL UN PAYASO (AHORA ENRUANADO EN PAIPA EN LA REUNION DE LA "U" COMO EL TAL POR CUAL ROY BARRERAS. .POR ESOS PAJARRACOS ESTAMOS GOBERNADOS
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