La Corte Interamericana de los Derechos Humanos le solicitó al Gobierno que a más tardar el 5 de noviembre les envíe una copia a la Secretaría del fallo emitido el pasado 24 de octubre por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena de 35 años de prisión en contra del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales.
El organismo internacional actualmente adelanta el estudio de una demanda en contra del Estado colombiano por las extralimitaciones y omisiones que se presentaron en los hechos que rodearon la desaparición de 11 personas durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
“En virtud de que la Corte analizará la posibilidad de dictar Sentencia en el presente caso en el periodo de sesiones que comienza el lunes 10 de noviembre de 2014, el plazo estipulado es improrrogable”, precisa el comunicado firmado por la Secretaría del organismo internacional.
En este caso el Gobierno de Colombia reconoció su responsabilidad en las torturas y violación al debido proceso en el caso de los estudiantes de Derecho de la Universidad Externado, Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson quienes fueron detenidos por miembros del Ejército Nacional acusándolos de hacer parte de la guerrilla del M-19.
“El Estado colombiano pide perdón a las víctimas y sus familias (…) El Estado entiende que el tiempo transcurrido hasta hoy desde cuando ocurrieron los hechos han traído como consecuencia que hayan perdido la confianza en el Estado y sus instituciones”, dijo en noviembre de 2013 la directora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, Adriana Guillén.
En su intervención, en la audiencia extraordinaria celebrada en Brasil, Guillén manifestó además que “las heridas no han cicatrizado, el dolor de los caídos, la incertidumbre por los desaparecidos siguen vigentes en los corazones de sus familiares. Por ello, este es un momento de honor frente aquellas personas de las cuales aún no se tiene noticia cierto de su paradero, sus familiares y a quienes hoy acuden en calidad de víctimas a esta audiencia”.
En fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior dejó en firme la condena contra el excomandante de la Brigada XIII del Ejército por su responsabilidad en los hechos que rodearon la desaparición de cuatro trabajadores de la cafetería y la guerrillera Irma Franco durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia.
Para el Tribunal Superior existieron omisiones y extralimitaciones por parte de los militares que participaron en el operativo.