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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Colombia información sobre la extradición, firmada por el presidente Juan Manuel Santos, en el caso de los taxistas implicados en la muerte del agente de la DEA, James Terry Watson.
El abogado, Miguel Ángel Ramírez, quien representa a algunos de los implicados, solicitó al tribunal internacional una medida cautelar para frenar el proceso que se le adelanta a los taxistas en Estados Unidos.
El pasado 11 de abril la CIDH solicitó al estado colombiano información los posibles delitos por los que serían procesados en Estados Unidos, la fecha de su extradición y las penas que les podrían ser aplicadas, en caso de ser condenados.
Además solicita información de si los procesados han alegado alguna situación de riesgo para su vida e integridad personal si la extradición es ejecutada.
La carta tiene carácter urgente pues solicita al Estado Colombiano entregar una respuesta antes de 72 horas para que el caso sea analizado lo más pronto posible.
Según el apoderado de los implicados, a ellos se les está vulnerando el derecho a un debido proceso y agregó que los nacionales colombianos no pueden ser juzgados en otro sitio por un delito cometido en su país.
Y agregó que “está en manos del Gobierno que le vuelva a dar la espalda a la Comisión o acatar las decisiones”.