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Tras el anuncio del fiscal general, Eduardo Montealegre, de llamar a imputación de cargos a 25 personas que estarían involucradas con el descalabro de Interbolsa, específicamente con el episodio del Fondo Premium, en el que se encuentran involucrados Tomás Jaramillo, hijo del principal socio de la comisionista de bolsa, Rodrigo Jaramillo —también implicado en estos hechos—, y los empresarios Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado, El Espectador conoció cinco triangulaciones de dinero que están bajo la lupa de la Fiscalía, con las que Interbolsa habría intentado ocultar su crisis financiera y habría utilizado mal los dineros de miles de inversionistas.
En estas operaciones aparentemente irregulares estarían involucradas empresas reconocidas y que tendrían vínculos con las familias Jaramillo y Ortiz. Según explicaron fuentes cercanas al proceso, estas triangulaciones serían un espejo de lo que sucedió con la clínica Candelaria —operación que desmanteló la crisis financiera de Interbolsa—, ya que tendría el mismo modus operandi y la particularidad de que toda la plata salía de la cartera colectiva Credit, entidad que administraba parte de la plata de los inversionistas víctimas de este descalabro.
Básicamente la triangulación consistía en una serie de préstamos de hasta $50.000 millones que habría hecho Interbolsa Sociedad Administradora de Inversión (SAI) —grupo que manejaba todo el dinero de los inversionistas de la comisionista— a empresas relacionadas con los implicados en el escándalo, como Coltejer S.A., Easyfly Colombia, Tribeca Oil and Gas Inc., Negocios Estructurados S.A., Asset Trust & Corporations Services Inc., Porthos Inmobiliaria S.A., Diana Corporación S.A. (Dicorp) y Valores Incorporados, organizaciones que finalmente terminaban invirtiendo esos recursos en Interbolsa Holding.
Toda esta idea fue producto del hueco fiscal que se había generado en Interbolsa por los múltiples repos de Fabricato. En síntesis, todos los préstamos se hicieron sin la autorización del Comité de Inversión de la SAI, ya que serían una fachada que daría liquidez a Interbolsa Holding para que cumpliera con sus obligaciones financieras que había adquirido tras recibir una serie de créditos bancarios. En éstos se había ofrecido como garantía de pago la entrega total del control de la SAI y del manejo de las acciones que administraba la comisionista de Interbolsa. Para la Fiscalía era claro que si la firma no respondía a estas obligaciones, perdía el control total de sus intereses de manipular las acciones de Fabricato y revelaría la profunda crisis bursátil que había ocasionado en el país.
Con el nuevo llamado a imputación de cargos a 25 personas, entre las que se encuentran directivas de Interbolsa, los comisionistas que manejaron las inversiones de las 1.508 víctimas que vieron perder alrededor de $600 mil millones, los representantes legales de distintas empresas que participaron en la compra y venta de repos, y las cabezas detrás del Fondo Premium —Ortiz, Jaramillo (ambos negocian con las autoridades) y Maldonado—, a quienes se les imputarán los delitos de estafa y captación masiva ilegal de dinero, la Fiscalía abre el tercer episodio del escándalo financiero más grande de la historia de Colombia.
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@santsmartinez