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El fiscal General, Néstor Humberto Martínez aseguró que la compulsa de copias hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos tiene como base la declaración hecha bajo juramento del excongresista Otto Nicolás Bula. (Lea: ¿Entró un soborno a la campaña de Santos?)
El jefe del ente investigador aseguró que en esta acción "no hay nada extraordinario" puesto que es su función que cuando se encuentra este tipo de situaciones se deben compulsar copias ante los diferentes organismos del Estado para establecer la veracidad y adelantar las respectivas investigaciones.
"Por ahora el testimonio de Bula, sus declaraciones bajo juramento, es la única prueba de ingreso de un millón, de dólares a la campaña de Santos. Él ha dado condiciones de modo, tiempo y lugar sobre la entrega de ese dinero", detalló Martínez al señalar que en su testimonio el excongresista no vinculó "para nada" al presidente.
El modus operandi de la entrega del dinero habría sido de la siguiente manera: por medio de una empresa panameña se realizaron dos transacciones cda una por un valor de 500 mil dólares a un empresario colombiano -cuya identidad no fue revelada- quien fue la encargada de contactar a una persona relacioanda con la camaña de Santos.
El empresario "descontó" del dinero enviado un 10 por ciento de comisión del millón de dólares, mientras que Bula cobró 200 millones de pesos. El ente investigador ya identificó a todas las personas relacionadas con esta transacción ilícita, así como los bancos que fueron utilizados para ingresar este dinero y darle apariencia de legalidad.
El fiscal general explicó que también se le solicitó al Consejo Nacional Electoral investigar las denuncias que se han radicado en las últimas semanas en contra de la campaña presidencial del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zulauga.
Martínez explicó que la violación de la financiación de campañas presidenciales en Colombia debe tratarse en un primer momento con un caso administrativo, por lo que se tomó la decisión de pasar el conocimiento de la situación al organismo encargado de revisar y regular los topes de las campañas.
En rueda de prensa el jefe del ente acusador aseguró que este caso no se puede comparar al denominado "proceso 8.000" que se registró en el Gobierno de Ernesto Samper puesto que acá no se habla de dineros relacionados con el narcotráfico.
La campaña de Santos
El Fiscal General asegura que en su declaración bajo juramento como indiciado Otto Bula hizo mención a la entrega de un millón de dólares a una persona identificada como Andrés Giraldo (Rivera), muy cercana a Roberto Prieto. El exsenador liberal manifestó que siguió instrucciones para contactar al empresario oriunod de Medellín en Bogotá y así realizar la entrega del dinero. Prieto quien fungió como gerente de la campaña de Juan Manuel Santos.
"Él -haciendo referencia a lo dicho por Bula- hizo entrega de esos recursos a un tercero. Determina el nombre de ese tercero que sería el doctor Roberto Prieto", precisó el jefe del ente investigador al señalar que el excongresista hizo mención sobre el ingreso de estos recursos a una campaña política.
De la entrega del dinero a la campaña de Santos solamente está el dicho de Bula y unas pruebas documentales. Será labor del Consejo Nacional Electoral determinar la veracidad de esta declaración con el fin de tomar decisiones de fondo.
"Debo expresar mi reconocimiento a la actitud del jefe de Estado, quien al ser enterado de esta compulsa de copias ha manifestado su respeto a la decisión de la Fiscalía General", explicó Néstor Humberto Martínez en rueda de prensa.
Otras decisiones
Néstor Humbeto Martínez anunció que en los próximos días se tomarán decisiones de fondo frente a otros casos de corrupción en los que estaría implicada la empresa brasileña mediante el pago de sobornos a altos funcionarios del Gobierno de turno para beneficiar la entrega del contrato Tunjuelo-Canoas.
El ente investigador ya tiene evidencia que se presentaron pagos en efectivo para la adjudicación de este millonario contrato. La Fiscalía General imputará cargos relacionados con el delito de soborno a implicados en este hecho de corrupción administrativa.
Igualmente el fiscal de conocimiento estudia si avala o no el principio de oportunidad que presentó la defensa de Bula a cambio de entregar información. Fuentes cercanas aseguraron que el ente investigador busca que los datos involucren a "personas de arriba, pero no abajo".