Coletazos del carrusel de Bogotá

Los coletazos judiciales del millonario contrato de ambulancias adjudicado a dedo en 2009 por la administración de Samuel Moreno Rojas, por $67.000 millones, siguen provocando estragos entre los protagonistas del carrusel de la contratación de Bogotá. El excontratista Emilio Tapia fue el primero en reconocer los intríngulis del “torcido”. El exconcejal Hipólito Moreno aceptó haber recibido $600 millones en coimas por cabildear el negocio. Federico Gaviria, a quien se le entregó el contrato, aceptó su responsabilidad y ahora oficia como testigo. Y el exsecretario de Salud Héctor Zambrano —detenido en La Picota— afina su ventilador.
Ahora la Personería de Bogotá investiga si algunos de sus exfuncionarios favorecieron las andanzas del cartel a través de decisiones judiciales. Según conoció El Espectador, la entidad ya informó a la Fiscalía de estos hechos “inquietantes”. Por ejemplo, revisando sus archivos la Personería encontró que el entonces personero delegado para asuntos disciplinarios, Jorge Arturo Lemus Montañez, intervino de manera irregular como representante del organismo de control en la cuestionada audiencia de adjudicación del contrato de ambulancias, realizada el 21 de septiembre del año 2009.

La investigación interna, conocida por este diario, también señaló que el director jurídico de la Secretaría de Salud, Luis Alberto Donoso, certificó la presencia del personero delegado Lemus Montañez como acompañante del proceso. El hecho mereció el reproche de la cúpula del organismo de control. “La Personería no debe intervenir en procesos contractuales que adelanten diferentes entidades pues sería una manifestación ilegal de coadministración proscrita por la ley”, se lee en uno de los documentos en poder de este diario.

En criterio de la Personería, “resulta aún más preocupante que quien asistió a la audiencia de adjudicación corresponde a un servidor público de alto nivel, además encargado de adelantar investigaciones disciplinarias, lo cual hace más reprochable su presencia en tal etapa precontractual, la cual, como hoy ocurre, ha sido cuestionada y merecedora de revisión disciplinaria y penal”. Con una particularidad más: Jorge Arturo Lemus es hermano de Héctor Manuel Lemus, gerente del hospital Simón Bolívar entre octubre de 2003 y octubre de 2009.

La Personería advirtió que Héctor Manuel Lemus tiene antecedentes que son objeto de investigación disciplinaria y en los que igualmente aparecen mencionados Héctor Zambrano y el exgerente del hospital de Meissen Carlos Lizcano. De hecho, la contratación aparentemente irregular en los hospitales Simón Bolívar y Meissen y las denuncias del supuesto control en la nómina del exsenador Iván Moreno Rojas vienen siendo investigadas por la Fiscalía. Aunque en declaraciones entregadas por Héctor Lemus a la justicia, éste aparece como denunciante del carrusel, su nexo con el expersonero delegado provocó suspicacias.

La Personería también pidió que se revisara la actuación de Naime del Carmen Flórez Campo, quien, en su calidad de directora de investigaciones especiales, fue la persona que archivó en la Personería la indagación por el caso de las ambulancias en favor de Héctor Zambrano, Juan Eugenio Varela, Manuel Antonio Villamizar y Luis Alberto Donoso. La decisión fue tomada el 19 de agosto de 2011, es decir, casi dos años después de la polémica adjudicación a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio, que no acreditaba la experiencia para prestar el servicio de ambulancias —sabían más de construcción—.

En ese contexto, la Personería pidió que se analice “con todo cuidado” el archivo que favoreció en 2011 al carrusel, “toda vez que extrañamente (la entidad) participa en el proceso precontractual desbordando sus competencias (a través del delegado Jorge Arturo Lemus) y posteriormente avala su legalidad mediante una decisión de archivo que hace tránsito a cosa juzgada, a sabiendas de hechos muy complejos y delicados”. Este diario pudo establecer que varios de los procesos del carrusel que tuvieron que ser vigilados por la Personería están siendo revisados con lupa.

Se busca descartar que el largo brazo del carrusel también haya tocado al organismo de control. En el caso del expediente por el contrato de ambulancias, por ejemplo, la Fiscalía documentó que más de $17.500 millones no se utilizaron en la ejecución de ese programa —es decir, en el pago de salarios del personal de la unión temporal—, sino que terminaron en los bolsillos de terceros. Por ejemplo, de Emilio Tapia, Federico Gaviria, Héctor Zambrano e Hipólito Moreno, el único exconcejal condenado ya por la justicia a 78 meses de prisión. Según la Fiscalía, más de $6.000 millones se pagaron en comisiones.

Por lo pronto, Héctor Zambrano continúa aportando detalles de cómo el cartel de Bogotá se apropió de millonarios recursos de la salud del Distrito, Federico Gaviria prepara más evidencias contra los hermanos Samuel e Iván Moreno, y Emilio Tapia sigue con su colaboración. Entre tanto, la Personería indaga sus actuaciones y dos concejales más finiquitan sus preacuerdos con la Fiscalía.