“Colombia no tiene política criminal”: Organización Mundial de Ciencias Forenses

 

Es un recurso a disposición de un fiscal que está investigando un crimen y que, al reunir determinadas condiciones, decide si llevará el caso a juicio. Se usa, por lo general, en casos de menor lesividad, siempre y cuando haya reparación, justicia y verdad para las víctimas. Se trata de una alternativa al juicio que sólo puede darse luego de la investigación.

 

 

Hay unas interesantes que dan vía a la justicia restaurativa, una tendencia nueva en el derecho penal, en donde el procesado no llega hasta donde un juez sino que se reconcilia con las víctimas. Pero hay algunas complicadas cuando, por ejemplo, se autoriza para evitar el enjuiciamiento de testigos que cooperan con la justicia.

 

Se desvirtúa la naturaleza misma del principio. Esto pasa mucho en Colombia.

 

 

En muchos sistemas penales todos los casos debían investigarse y llevarse al juez penal. Suena muy bien porque genera la idea de que todos somos iguales ante la ley. 

 

Pero la realidad es que ningún sistema penal del mundo lleva a juicio todos los casos. Es imposible e innecesario. De alguna manera deben existir filtros para que las oficinas de los jueces no se atiborren de casos de poca gravedad. Lo peligroso es tener un sistema que promete que todos los casos se persiguen y juzgan.

 

 

Porque hoy en día gran parte de los casos que no llegan hasta un juez prescriben sin terminar su investigación y sin reparar el daño. No creo que un ciudadano le tenga mucha confianza a un sistema donde la criminalidad grave prescribe sistemáticamente.

 

Yo tengo la impresión de que los casos que sí están llegando a los jueces en Colombia están congestionando los juzgados, y los crímenes graves se están quedando en el papel.

 

 

Porque si se implementa con una serie de condiciones claras y justas los casos menos graves se cierran bajo unos criterios como los preacuerdos, el principio de oportunidad o archivándolos; y los que realmente deberían llegar hasta la instancia de un juez lo logran. Pero así suene como un ideal difícil de lograr, los entes encargados de elaborar esa política criminal, como la Fiscalía, deben establecer directivas internas que establezcan los criterios de selección de casos.

 

 

No es el único. Creo que también hacen falta normas más precisas en la Fiscalía para reducir la discrecionalidad de un fiscal, y no pensar en que siempre está relacionada con desigualdad, justicia regalada o impunidad. En mi opinión, hay otro problema grave y es que el principio de oportunidad se puede aplicar tanto en delitos leves, es decir, los que tienen una pena menor de seis años, como en crímenes más graves. Es aquí donde aparece otro dilema: es tan difícil su aplicación que los jueces prefieren no aplicarlo. Por último, creo que la cultura institucional en Colombia ha afectado mucho su aplicación.

 

 

Lo más importante es limitarla. Establecer qué delitos pueden entrar dentro de este sistema y los criterios que debe tener un fiscal para decidir si aplica el principio de oportunidad o no. Esta discusión depende de los contextos de los países; ninguno es perfecto y tampoco hay un sistema ideal.

 

 

Lo que pasa en Italia sirve para contestar esta pregunta. Ellos no utilizan este mecanismo y la mayoría de los casos penales pendientes de investigación prescriben antes de llegar a un juez. Esto incluye crímenes graves como la lucha contra la mafia o la corrupción política. Lo que termina sucediendo es que la impunidad prevalece.

 

 

Creo que si esto es lo que Colombia quiere lograr, la discusión no sólo se debe centrar en el principio de oportunidad, sino también en la capacidad de administrar justicia y de investigación que tiene el país. En Colombia existe un problema muy grande en los casos que no llegan hasta el juez porque no se concluye la investigación, que son casi el 90%. Y un sistema penal que es ineficiente, difícilmente produce “buena justicia”.

 

Creo que no debemos esperar los acuerdos de paz para comenzar a pensar cómo podemos mejorar. Hay que hacerlo ya.

 

 

Eso es muy difícil. Lo que veo, a partir de los estudios que he revisado, es que hay un problema estructural serio. Está claro que no le podemos poner 10. Pero si comparamos a Colombia con Guatemala, está claro que al primero le va mucho mejor. Además, es importante tener en cuenta que aquí la capacidad que tiene la Fiscalía es muy grande, tiene mucho dinero y personal para mejorar el sistema penal.

 

 

Que tenga poder legítimo y bien ejercido es el punto de partida en un estado de derecho. Pero aquí el punto es que si el sistema penal está congestionado, hay que revisar el funcionamiento de la Fiscalía. Puede ser que el problema radique en su organización interna, en la elección de los casos, o en la calidad investigativa.

 

Si una institución tiene tanta autoridad, también tiene mucha responsabilidad y esto se tiene que merecer y justificar. Hay que hacer funcionar los sistemas de poder y contrapoder que tiene el sistema de Colombia.

 

 

No sólo lo digo yo. Hay que empezar aceptando que Colombia no tiene una política criminal, ni por parte de la Fiscalía ni por el Ministerio de Justicia. Mientras no establezcan qué es lo más importante y urgente por resolver, no hay nada que hacer. 

 

Esto es lo primero: elaborar juntos una política criminal y concretizarla en herramientas para el personal que trabaja allí. Después hay que poner esfuerzos en la capacitación para que el chip cultural de la legalidad en el código y no en la aplicación cambie. Leyendo el código nada va a cambiar.