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El procurador General, Fernando Carrillo Flórez anunció que en una semana la Comisión Integral Especial de Investigación presentará un informe sobre los actos de corrupción adelantados por la empresa brasileña Odebrecht en Colombia. Después de la presentación de estos resultados se radicará ante las autoridades judiciales una acción popular en defensa de la moralidad y el patrimonio público.
"La seguridad jurídica no puede ser el blindaje de los corruptos", precisó el jefe del organismo de control disciplinario al asegurar que el pago de sobornos por parte de la trasnacional afectó los derechos de los colombianos y el patrimonio público. La Comisión revisará además las actuaciones disciplinarias que se adealantaron sobre irregularidades en los procesos de contratación en estos proyectos viales.
Igualmente se tendrán en cuenta las investigaciones que han adelantado la Fiscalía y la Contraloría General frente al pago de sobornos por parte de Odebrecht a altos funcionarios del Gobierno, contratistas y particulares para garantizar la entrega del proyecto de la Ruta del Sol Tramo II en el año 2009, y la adición de la vía Ocaña- Gamarra en el 2014.
"Es indignante para los colombianos que proyectos escenciales para el desarrollo del país terminen en coimas o en sobornos. Se pillo no debe pagar en Colombia. Vamos a identificar los tentaculos de este monstruo de corrupción, y dejar claro que identificaremos a todos los que participaron en esta operación", precisó Carrillo en su primera rueda de prensa.
Debido a la efectividad de las investigaciones penales y fiscales el Procurador General aseguró que "este es el comienzo del fin de estas redes de corrupción (...) Es importante destacar la cooperación internacional que ha brindado el Gobierno de los Estados Unidos y la importancia que tiene para nosotros, y llegará el momento de hacerlo, las autoridades disciplinarias y fiscales de Brasil".
El recién posesionado jefe del Ministerio Público señaló que el grupo especial está conformado para este caso está conformado por una procuradora delegada para la contratación estatal, un procurador delegado para la intervención judicial, el director de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y un equipo de procuradores especializados.