Compulsa de copias por masacre de El Aro se anexó a investigación preliminar contra Álvaro Uribe

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó anexar a la investigación preliminar que se adelanta en contra del actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez la compulsa de copias emitida el pasado martes por la Fiscalía General por la presunta participación y conocimiento del exgobernador de Antioquia por la masacre de El Aro registrada el 25 de octubre de 1997.

Dicha petición no fue sometida a reparto al considerar que ya se adelanta una indagación por los hechos de orden público en el que participaron grupos armados ilegales cuando fungía como mandatario departamental. La compulsa de copias fue allegada a la Sala que investiga la “parapolítica” en el alto tribunal. (Ver La compulsa de la discordia)

La base de la compulsa de copias es la declaración entregada el pasado 12 de agosto por el extraditado comandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ ante una Comisión de la Fiscalía General. En su versión bajo juramento aseguró que se había presentado además una estrategia para desviar la investigación durante la presidencia de Uribe.

Grupos paramilitares al mando de Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez asesinaron a 19 campesinos. Debido al temor otras 15 familias tuvieron que abandonar sus tierras. Por estos hechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia al considerar que se presentó una omisión por parte de las Fuerzas Militares para proteger a la población civil.

En su declaración ‘Don Berna’ aseguró que el desmovilizado paramilitar Francisco Villalba –condenado a 40 años de prisión por esta masacre- fue presionado para que cambiara sus señalamientos en contra de Uribe Vélez. Para esto incluso se le ofreció una alta suma de dinero para que se retractara, sin embargó no aceptó dicha petición.

Villalba fue asesinado por dos sicarios cuando se encontraba en detención domiciliaria. El fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett explicó que se deberá investigar una presunta omisión por parte del entonces Gobernador que omitió los requerimientos y llamados de atención hechos por los pobladores del municipio de Ituango frente a la presencia paramilitar en la región.

"En ese momento quien dirigía la Fuerza Pública en calidad de Gobernador era Álvaro Uribe Vélez. La Corte tendrá que decidir sí existe o no algún tipo de responsabilidad del exgobernador por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la toma paramilitar", explicó.

En ese sentido también citó la condena emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra de Colombia en la cual se advierte que se presentaron omisiones por parte de la Gobernación. En estos hechos quedó un saldo trágico de 19 personas muertas y 15 familias desplazadas.