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Concejal Andrés Camacho llegó a acuerdo con la Fiscalía por 'carrusel'

El cabildante del partido de la U es investigado por las irregularidades en el contrato de mantenimiento vial.

El Espectador
04 de septiembre de 2013 - 09:46 a. m.
Andrés Camacho Casado. /Archivo
Andrés Camacho Casado. /Archivo

El concejal Andrés Camacho Casado llegó a un acuerdo con la Fiscalía General en el proceso que se le adelanta por su relación con el llamado 'carrusel de la contratación' en la capital de la República. (Vea: Camacho, tercer concejal en el carrusel)

Según Blu Radio, el cabildante del partido de la U habría acordado pagar seis años de cárcel, la entrega de 700 millones de pesos y su compromiso de colaborar con la justicia.

Camacho Casado es investigado por las irregularidades que rodearon la entrega del convenio para la unidad de mantenimiento vial en Bogotá, y para el próximo 25 de septiembre quedó fijada la audiencia de imputación de cargos al concejal por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Camacho Casado, concejal desde 2008, es señalado de ser una de las fichas claves del contratista Julio Gómez –hoy en día uno de los principales testigos de la Fiscalía y a la espera de firmar un preacuerdo–.

Al parecer, ambos hombres, junto con Iván Hernández Daza, exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá y amigo íntimo de Camacho, se habrían apropiado de dineros correspondientes a contratos para la reparación de las calles de la capital.

El testigo estelar del carrusel, Emilio Tapia, en varias de sus declaraciones involucró directamente al concejal Camacho con el cartel de la contratación.

El contratista ha asegurado en la Fiscalía que el cabildante ha logrado apropiarse de dineros públicos desde hace varios años, porque el eje de toda la investigación que ha adelantado la Fiscalía contra Camacho Casado gira en torno a contratos que obtuvo con la administración Distrital antes de ser concejal.

Igualmente Blu Radio indicó que el concejal Edgar Torrado será citado en los próximos días a audiencia imputación de cargos por su presunta participación en las irregularidades en los contratos de los comedores comunitarios.

Por El Espectador

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