Al resolver el recurso de apelación, un juez de conocimiento rechazó los argumentos de la solicitud para modificar la medida de aseguramiento interpuesta en contra del concejal de Bogotá, Orlando Parada Díaz en el proceso por su presunta participación en el denominado ‘carrusel de la contratación’.
En la decisión, el funcionario judicial avaló la decisión tomada el pasado 26 de enero por la jueza 49 de garantías que consideró que Parada representa un peligro para la sociedad y que en libertad podría obstruir y entorpecer a la administración de justicia afectando la investigación.
En la determinación de segunda instancia se señaló que los argumentos de la defensa del procesado no fueron satisfactorios por lo que deberá seguir privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. El concejal se declaró inocente de los delitos imputados por la Fiscalía General.
Según la investigación, el cabildante habría utilizado su posición social e influencia política con el fin de beneficiarse en la entrega de contratos viales en la capital de la República en el año 2009, presionando al entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández –quien ya fue condenado a un año y seis meses-.
Para la Fiscalía Orlando Parada Díaz habría realizado acuerdo de voluntades para lograr beneficios en los procesos de selección de contratos para adelantar trabajos en la capital del país relacionados con el arreglo de la malla vial en la capital de la República.
Según el escrito de acusación radicado el pasado lunes, el concejal “lesionó la administración pública, al utilizar indebidamente las influencias derivadas de su cargo (…) al no obrar con imparcialidad, pulcritud, transparencia y moralidad en su gestión, toda vez que la misma no iba dirigida al beneficio de las comunidad como ordena la constitución y la ley, sino al propio”.
Por otra parte, la Fiscalía acusó al procesado por los hechos ocurridos entre septiembre de 2010 y marzo de 2011, cuando este determinó a Hernández Daza, también investigado y quien aceptó los cargos, para que recibiera la suma de $400 000 000, a través del abogado Sánchez Castro, de parte de la empresa Patria S.A, ya que la misma tenía interés en los procesos contractuales que se adelantaban en la Unidad de Mantenimiento Vial.