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“La condena (por el holocausto del Palacio de Justicia) es inminente, la única manera de que no nos condenen es que aparezcan los desaparecidos”, dijo ayer la directora de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén.
Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no han escuchado ni a los representantes del Estado colombiano ni a los abogados de las víctimas de este holocausto —ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985— y, sin embargo, las autoridades nacionales ya aseguran que Colombia va a ser condenada por estos hechos.
De acuerdo con Guillén, “el Estado debe estar preparado para una condena. Nuestra misión es atenuar los impactos negativos de esa eventual condena”. La alta funcionaria dijo, además, que tras evaluar el material probatorio y los fallos que se han emitido por los hechos del Palacio de Justicia, Colombia reconocerá su responsabilidad por algunas de las desapariciones allí ocurridas.
“Hemos estado revisando cada uno de los casos en que se encuentra cada una de las presuntas víctimas y torturados y, en relación con ellos, el Estado colombiano reconocerá la responsabilidad que deba reconocer”, señaló Guillén, aunque no reveló más detalles de la estrategia de Colombia en este proceso.
“Va a haber una posición respetuosa hacia las víctimas”, precisó al respecto el abogado Julio Sampedro, quien reemplazó a Rafael Nieto Loaiza en la defensa de Colombia. Se espera que Sampedro y los abogados de las víctimas de este holocausto sean escuchados por los jueces de la CIDH en las audiencias que se realizarán los próximos 14 y 15 de noviembre en Brasilia (Brasil).
Realizadas las audiencias, se calcula que la CIDH falle luego de uno a seis meses y —de acuerdo con el mismo Estado— condene a Colombia.
‘Un sabor agridulce’
Los abogados de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia reconocieron lo dicho por Adriana Guillén. Sin embargo, aseguraron que estas declaraciones tienen un sabor agridulce, debido a que el Estado no va a reconocer su responsabilidad por las 11 desapariciones que, según ellos, se realizaron durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.
El abogado Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, indicó que “es indudable que el reconocimiento de responsabilidad parcial es un paso adelante, pero notoriamente insuficiente porque el Estado sigue desconociendo algunas decisiones del Consejo de Estado que ha condenado a la Nación por 12 desapariciones (que es la cifra de desaparecidos que maneja el Colectivo)”.
Al respecto, el abogado Jorge Molano aseveró que “el Estado no puede ser esquizofrénico. No puede ser que la Fiscalía y el Consejo de Estado reconozcan 11 desapariciones y el Estado ante la CIDH no lo haga”. Y enfatizó en que, a diferencia de lo que han dicho las autoridades colombianas, no ha habido ni justicia ni un cambio de lenguaje en el caso del Palacio de Justicia.
“Llevamos 28 años y no existe ninguna sentencia en firme. Mientras tanto, algunos de los responsables son beneficiados, como es el caso del coronel (r) Plazas Vega, y defendidos, incluso, por los presidentes de la República. Ha tenido que llegarse al escenario internacional porque en 28 años el Estado no ha tenido la voluntad para esclarecer estos hechos y evitar que vuelvan a ocurrir”.
Barrios y Molano señalaron con firmeza que lo primordial, lo más importante, es que los desaparecidos aparezcan y que por ello esperan que la CIDH le ordene a Colombia una búsqueda inmediata y exhaustiva de los restos de estas personas de las que no se volvió a saber nada, al parecer porque fueron torturadas y desaparecidas por los agentes del Estado que debieron haberlos defendido.
Tras casi 28 años de ocurrido este holocausto, Colombia se alista para una nueva condena por estos hechos que, pasados todos esos años, siguen sin esclarecerse.