El Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá condenó a 28 años de prisión a Edith Johana Esquivel Vanegas, alias La Mona, como responsable de los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.
La acusación hecha por la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión advierte que Esquivel Vanegas, el 20 de septiembre de 2007, convenció al propietario de una empresa de seguridad, Jairo Augusto Niño Maldonado para que la acompañara a llevarle unos medicamentos a su madre quien reside en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.
La sentenciada, quien había trabajado en la compañía y a la vez ex compañera sentimental de uno de los socios, esperó en una esquina a Niño Delgado para abordar su vehículo, pero al llegar al destino, salieron de una vivienda varios hombres armados y lo escondieron en el baúl del automotor, que no apareció después de los hechos.
La víctima sintió que alias La Mona le cubrió el rostro con un trapo y al tomar un vaso con agua, perdió el conocimiento. Despertó tres días después en una zona rural y montañosa en poder de las Farc.
A partir del 23 de septiembre de 2007, la familia del secuestrado recibió llamadas de una persona identificada como Edward, “comandante del conjunto central de las Farc”, quien en un principio les exigió seis mil millones de pesos a cambio de dejar libre al secuestrado.
La negociación duró alrededor de un año, al cabo del cual le fue entregado a los captores varias sumas que ascendían a cientos de millones de pesos. El empresario fue finalmente liberado el 2 de noviembre de 2008, en el Cañón de las Hermosas, jurisdicción del municipio de Chaparral (Tolima).
Entre los elementos materiales probatorios que el ente acusador hizo valer en juicio se encuentran interceptaciones telefónicas, fotografías, videos y el testimonio de la víctima quien señaló que en cautiverio, los guerrilleros le informaron que había sido una empleada suya la que lo había vendido y cómo ayudo a planear el secuestro.
El argumento de la defensa no logró desvirtuar que “se encontraba en un lugar totalmente diferente a aquél en el que se dice ocurrieron los hechos, en Barbosa, Santander”, lo cual no pudo ser corroborado por los testigos quienes por el contrario en versiones contradictorias le dieron la razón a la Fiscalia delegada en el caso.
La sentencia contempla además el pago de 5.000 salarios mínimos legales vigentes y la prohibición para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la condena.