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El juez 45 de conocimiento emitió fallo condenatorio en contra de los cuatro miembros de la familia Dávila Fernández de Soto por su responsabilidad en el llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Juan Manuel Dávila Jimeno fue condendo en calidad de interviniente por el delito de peculado por apropiación y falsedad en documento público a 22 meses de prisión.
Por su parte, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, María Clara Fernández de Soto y Ana Maria Dávila Fernández de Soto a 20 meses de prisión en calidad de intervinientes por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
En la decisión judicial se manifestó que se recibieron los documentos oficiales que indicaban que los empresarios samarios entregaron los 2.200 millones de pesos que recibieron en calidad de subsidios de manera irregular para proyectos de riego y drenaje para su finca Campogrande en el municipio de Algarrobo, Magdalena.
En la decisión judicial se indica que los miembros de la familia samaria gozarán de libertad condicional puesto que se consideró innecesario una medida de aseguramiento ya que se consideró que colaboraron con la justicia y entregaron el dinero del cual se apropiaron irregularmente.
“Carecen de antecedentes penales, siendo infractores primarios y se sometieron a la justicia y evitaron su desgaste y regresaron las sumas apropiadas es innecesario una medida intramural para su rehabilitación social y se les dará una segunda oportunidad para que reivindiquen su conducta”, precisó el funcionario judicial.
En el fallo condenatorio también se le obliga a Juan Manuel Dávila Jimeno al pago de 901 salarios mínimos legales vigentes. Mientras que María Clara Fernández deberá pagar una multa de 180 de salarios mínimos legales vigentes, su hija Ana María y su hijo Juan Manuel 183.
Igualmente tendrán que pagar otra multa de tres salarios mínimos legales vigentes cada uno al centro de servicios judiciales del complejo de Paloquemao.
Además todos fueron inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión impuesta.
Al final de la audiencia celebrada este jueves, el administrador de justicia ordenó que se le dé el rótulo a este proceso como “cosa juzgada puesto que ninguno de los sujetos procesales presentó recurso de reposición o apelación en contra de la decisión judicial”.
“Con las conductas en las que incurrieron lesionaron sin justa causa los bienes tutelados de la administración y la fe pública, se apropiaron en provecho suyo de dineros del Estado lesionando los intereses públicos”, precisó el juez en sus consideraciones.