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La juez 55 de conocimiento condenó a 35 meses de prisión a la abogada Luz Zoraida Rozo Barragán, esposa del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, en el marco del proceso que se le adelantó por el ocultamiento de elementos materiales probatorios para afectar el curso de la investigación que se adelantaba contra del entonces mandatario departamental por el escándalo del ‘carrusel de la contratación’.
Sin embargo, la funcionaria judicial ordenó la suspensión condicional en la ejecución de la pena por el periodo de tres años “debiendo esta presentarse cuando sea requerida por conducto de este proceso así como las demás obligaciones contenidas en el artículo 65 del Código Penal”.
Deberá pagar cuatro salarios mínimos legales vigentes ante el centro de servicios judiciales del complejo judicial de Paloquemao, suscribiendo acta de compromiso. Después de esto se librará la boleta de libertad por el juez coordinador del centro de servicios judiciales. Los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General presentaron recurso de apelación.
El pasado 30 de noviembre la abogada, quien fue exsecretaria de General durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa, aceptó su responsabilidad del delito de Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Debido a esto, recibió una rebaja en el fallo condenatorio.
“Al considerar que no se transgredieron derechos de los sujetos procesales se le dará aprobación de este allanamiento y con fundamento en el mismo se declarara penalmente responsable a Luz Zoraida Rozo Barragán en calidad de autora, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio”, precisó.
En la diligencia judicial el fiscal del caso manifestó que la procesada no cuenta con antecedentes penales o disciplinarios, además reconoció su responsabilidad en el delito imputado. Le pidió a la jueza que tenga en cuenta el dictamen médico por lo que no se opone a que continúe con detención domiciliaria.
Fue procesada por la alteración y el ocultamiento de elemento material probatorio durante la investigación que se le adelantaba al entonces Gobernador de Cundinamarca. Estas acciones las adelantó durante los allanamientos adelantados en la residencia, el despacho del mandatario departamental y dos oficinas.
El fiscal explicó que existen registros de llamadas, testimonios y documentos que permiten inferir que Rozo intentó ocultar documentos claves frente a la relación que tenía su esposo con la empresa ICM y sus nexos con el director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Iván Hernández Daza.
Mientras que el procurador delegado manifestó que se cumplen todos los requisitos para que la procesada continúe con la medida de aseguramiento en su domicilio, esto teniendo en cuenta los problemas de salud que presenta la abogada y el hecho que aceptó cargos.
Por su parte, la defensa de la procesada solicitó la suspensión de la ejecución de la pena en contra de su defendida, teniendo en cuenta que atendió de manera cumplida las citaciones de las autoridades judiciales, siempre se mostró presta a colaborar con la investigación y la pena no supera los cinco años de prisión.
El paquete con los 2 mil millones de pesos
Según la investigación de la Fiscalía General la esposa del exgobernador de Cundinamarca en mayo de 2015 intentó en diversas oportunidades que el ente tuviera acceso a una serie de pruebas en la investigación que se adelantaba contra Cruz Vargas “a través de llamada telefónica a un tercero”.
En la comunicación le indica que “el CTI de la Fiscalía General iba a ser allanamiento a un inmueble de su señora madre y que deberían ocultarse unos papeles. Todo esto ocurre después de cuatro allanamientos practicados por la Fiscalía, a la Gobernación de Cundinamarca y a dos empresas privadas”.
“Con ocasión de esta investigación su esposo había acordado y entregado dos mil millones de pesos al procurador Ulpiano Jóvel Muñoz para que por conducto del señor César Augusto Ramírez Cuéllar entregara este dinero al Vicefiscal General y de esta manera retrasar esta imputación”, precisó el fiscal cuarto delegado ante la Corte.
Todas estas acciones estaban dirigidas a que el Gobernador terminara su periodo. “Dinero que nunca llegó a su destinatario, es decir a ningún funcionario público. Frente a la antijuricidad de la conducta se puede deducir que gestionó sin justa causa el bien jurídico de la eficaz y recta administración de justicia”.
En este sentido señaló que Luz Zoraida Rozo Barragán conocía que estaba ocultando elementos materiales probatorios que podrían ser utilizados en la investigación adelantada contra su esposo por el denominado ‘carrusel de la contratación’, con la capacidad de establecer que esta acción era antijurídico.
El próximo 23 de marzo se conocerá si un juez de conocimiento avala el allanamiento de cargos del exgobernador de Cundinamarca quien interés indebido celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza por el pago de sobornos para recibir un millonario contrato vial.