Los hechos se presentaron el 24 de diciembre de 2003

Condenan al Ejército por atacar a un menor de edad tras confundirlo con un guerrillero

El Consejo de Estado determinó que se presentó un abuso de la fuerza por parte de los militares que le dispararon al niño de 13 años quien se encontraba en estado de vulnerabilidad.

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por las graves heridas que sufrió un menor de edad quien fue atacado por un grupo de uniformados tras confundieron con un guerrillero. Los hechos se presentaron en la mañana del 24 de diciembre de 2003 en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).

El menor de edad caminaba rumbo a su casa portando una escopeta hechiza cuando se fue llamado por los militares para que se detuviera. Ante esto se quedó estático y se arrojó al piso, acto seguido le dispararon sobre su humanidad causándole graves heridas. Tras comprobar que no se trataba de un subversivo le brindaron los primeros auxilios y ordenaron su traslado al Hospital Militar en Bogotá.

Después de cuatro meses se le retiró cualquier tipo de asistencia porque no tenía una vinculación directa con el Ejército. Los médicos le diagnosticaron una pérdida total y permanente de la capacidad laboral, así como también unas deformidades irreversibles, todo ello como consecuencia de las heridas de arma de fuego recibidas.

Para el alto tribunal en este caso se presentó un exceso de la fuerza por parte de los militares. “Fue imprudente la actuación de los miembros del Ejército Nacional al accionar sus armas de dotación en contra del menor y, además, con ello se incurrió en transgresión de las normas del Derecho Internacional Humanitario relacionadas con el principio de distinción de las personas y bienes civiles en el marco de las confrontaciones armadas”.

Las pruebas recolectadas indican que el menor de edad nunca representó un peligro para los uniformados puesto que cuando le hicieron el llamado para que se detuviera él se lanzó al suelo por lo que se encontraba en una situación de vulneración y sometimiento. “La maquinaria bélica del Estado se activó en contra de una persona que se encontraba totalmente ajena a la confrontación armada que se llevaba a cabo en la zona de San Vicente del Caguán, y que no representaba amenaza alguna –real o aparente- para los miembros de la institución demandada”.

“Se considera que la reacción del menor no justificaba que los militares dispararan ráfagas de fusil en contra de un individuo que, salvo por llevar una escopeta consigo, no transitaba con actitud amenazante alguna frente a la patrulla. Además, el accionar de fusiles por parte de una patrulla militar en contra de una sola persona que se movilizaba por un camino rural, estuviera o no equipada con un arma de fuego, se considera una acción desproporcionada”, precisa la decisión.

En ese sentido se advierte que el actuar de los militares superó todos los límites razonables de la legítima defensa. “No se observa dentro del proceso que los militares involucrados hayan hecho gestión alguna para determinar quién era la persona contra la que se dirigieron su acción bélica, considera la Sala que con ello también se incurrió en una violación al principio de distinción consagrado por el Derecho Internacional Humanitario”.

En el debate jurídico se advirtió que era evidente que el arma que portaba el menor no representaba ningún tipo de riesgo para los militares. Solamente era cuestión de revisar para saber que la misma no funcionaba, por lo tanto no existía ninguna amenaza contra su vida e integridad.

“No se trataba de un arma de aquellas generalmente utilizadas por los grupos armados ilegales y, además, no se probó dentro del proceso que la aludida víctima haya incurrido en comportamiento alguno que pudiera ser interpretado como amenazante por los integrantes de la patrulla militar, y que justificara la reacción desproporcionada que estos desplegaron”.

Las heridas que sufrió el menor generaron unos daños y perjuicios también a su grupo familiar. Esto porque debieron ocuparse de su atención y recuperación. “Implicó un sufrimiento moral para sus papás y hermanos, así como también un cambio en la cotidianidad y el estilo de vida del grupo familiar, máximo cuando el niño lesionado ayudaba con algunas de las labores agropecuarias de las que derivaba el sustento el señor José Elevitd Arias Amaya como cabeza de familia”.