La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de una millonaria indemnización por los daños y perjuicios que sufrió un campesino en Granada (Meta) que tuvo que abandonar sus tierras por las presiones ejercidas por miembros de un grupo armado ilegal, en cooperación con agentes del DAS.
Durante meses, el hombre recibió amenazas por parte de miembros del organismo de seguridad e inteligencia quienes incluso atentaron en contra de su vida en una oportunidad después de dispararle cuando se movilizaban en un vehículo adscrito al organismo estatal.
Ante estos hechos, y por recomendación de la Personería, él y su familia fueron declarados víctimas del conflicto por el Departamento de Acción Social y la Procuraduría General que estudiaron su caso. Para el Consejo de Estado es reprochable agentes del Estado participaran en este tipo de acciones contra la población civil.
La Sala exhortó al Estado para que presente el caso ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos si considera que no son eficaces los recursos internos. Además se solicitó a la Procuraduría General que evalúe si es necesaria la investigación disciplinaria a los involucrados.
Igualmente se ordenó a la Fiscalía General de la Nación que inicie, o reabra, las investigaciones penales contra los otros funcionarios que participaron en los hechos, solicitando que analice si amerita priorizarse, teniendo en cuenta que se trata de una situación en la cual se encuentra comprometida la violación de derechos humanos.
Según la sentencia, el desplazamiento forzado en el ámbito internacional ha sido fuertemente sancionado, pues despliega una serie de consecuencias negativas en la órbita de otros derechos reconocidos no sólo en el derecho interno sino aquellos de carácter internacional como los contenidos en la Convención Americana de Derecho Humanos o los Convenios de Ginebra.