El juzgado sexto penal de conocimiento de Pereira emitió sentido fallo condenatorio al concejal del municipio de Marsella (Risaralda, Fernando Antonio Delgado tras hallarlo responsable de emitir comentarios de tipo discriminatorio en una sesión celebrada el 14 de agosto de 2012.
En el juicio, el despacho judicial consideró que las pruebas documentales y testimoniales permitían inferir que el cabildante es responsable del delito de hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política u origen nacional, étnico o cultural.
Según las pruebas allegadas el procesado manifestó en pleno recinto del Concejo Municipal que “siendo sinceros, grupos difíciles de manejar como las negritudes, los desplazados y los indígenas, son un cáncer que tiene el gobierno nacional y mundial”.
Para el juez “el discurso descomedido, grosero, irrespetuoso de las personas, marcando con un indiscutible tono racista, atribuidas al concejal acusado no puede desconocerse”. En este sentido hizo énfasis en la expresión “cáncer” que utilizó el concejal para referirse a dichas comunidades.
“Llamar cáncer a cada una de las comunidades aludidas, entendiendo por cáncer una enfermedad o un mal que destruye o daña gravemente a la sociedad o a una parte de ella y es difícil combatir o frenar, es ciertamente un acto grave de hostigamiento, de discriminación, que precisamente sanciona la ley penal”, manifestó el juez.
El fallo está sustentado en los lineamentos establecidos en la ley 1482 de 2011, conocida como la ley antidiscriminación, que castiga este tipo de acusaciones de índole racial dirigidas a afectar la imagen, integridad y buen nombre de una persona o un grupo por su raza, orientación sexual, creencias religiosas u ideología política.
Durante el juicio, el fiscal del caso argumentó que estas declaraciones fueron en contravía de la dignidad y la igualdad, afectando así a unos grupos que por décadas han sido estigmatizadas y marginadas socialmente, además de amenazadas por el conflicto armado interno.
Se espera que en los próximos días se fije la audiencia en la cual se leerá el fallo en el cual se establecerá la sentencia en contra del concejal. El procesado se vería enfrentado a una pena entre los 12 a 36 meses, con el agravante que dichas declaraciones fueron hechas por un servidor público, en un recinto público y registradas por los medios de comunicación.