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La Sala Penal del Tribunal Superior emitió sentido de fallo condenatorio contra el juez penal militar, mayor (r) Mauricio Cujar al considerar que incurrió en el delito de prevaricato por acción.
En la decisión el magistrado indicó que el juez penal militar incurrió en un “conflicto positivo de competencias” puesto que participó en una irregularidad al solicitar el conocimiento del proceso que se adelantaba en contra del excomandnate de la Escuela de Caballería, coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega procesado por su presunta responsabilidad en la desaparición de 11 personas en los hechos que rodearon la operación de recuperación del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
En este sentido se indicó que Cujar conocía que los procesos por desaparición forzada agravada debían ser adelantados por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar actuando así de una manera contraria a la ley, aceptando así los argumentos presentados por los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General quienes en los alegatos de conclusión.
Para la Sala Penal se acreditó en grado de certeza la responsabilidad del mayor en retiro en los hechos por los cuales era procesado indicando que su conducta “fue contraria a la ley” puesto que actuó por fuera de la legislación interna e internacional que plantea el conflicto de competencias.
Igualmente se señaló que en el recurso presentado el juez penal militar negó la existencia del delito de desaparición forzada agravada aplicado en el caso del coronel en retiro incurriendo a sí en una falta puesto que en ese tipo de acciones no se puede discutir la existencia de un delito ya que este debe ser presentado en el desarrollo del juicio.
“Está probado que en su condición de juez primero división del Ejército Superior provoco ante el juzgado tercero especializado conflicto positivo de competencias reclamando el conocimiento del proceso penal que se adelantaba en este despacho contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega”, precisó el magistrado.
La lectura del fallo fue fiada para el 25 de abril a las 2 y 30 de la tarde. En dicha audiencia se resolverán los temas jurídicos planteados por las partes procesales sobre la medida restrictiva de la libertad.
“Me siento como una víctima”
En su intervención, el mayor en manifestó que durante sus 45 años de carrera en el Ejército siempre actuó de manera “cristalina” por lo que al recibir este fallo condenatorio se siente como una víctima dentro de este juicio.
“Trabajé con todo el conocimiento y con toda la lealtad. Lo que se hizo fue una petición no dicté ninguna resolución, es un asunto muy grave y me considero una víctima”, indicó el juez penal militar.
Igualmente atañó que en los últimos tres años su salud se ha visto un poco deteriorada debido a este mismo proceso y a circunstancias personales, como lo fueron la pérdida de un hijo en un accidente aéreo en el Ejército.
“El primero de octubre tuvo una especie de crisis cardiaca, y he venido sufriendo de esa situación desde estos tres años ha sido algo eterno”, indicó a la salida de la diligencia judicial a los medios de comunicación.
Finalmente indicó que son los sujetos procesales quienes deben establecer si hubo extralimitación de sus funciones. “Se actuó de la mejor forma, queriendo acertar como juez”, señaló Cujar al considerar que la Sala del Tribunal debe tener en cuenta el hecho de que no tiene antecedentes penales.
“Yo lo hice con la mejor voluntad de prestarle un servicio a la Institución y sigo creyendo sobre los concretos emitidos en esa oportunidad”, indicó.
El proceso
En 2009 el juez penal militar solicitó la competencia para juzgar al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, pese a que el proceso ya se encontraba en la justicia ordinaria.
En esa oportunidad, el juez primero de Instancia de Divisiones del Ejército le envió una solicitud a la Juez Tercera Especializada de Bogotá para que aceptara el traspaso del proceso de su despacho a la justicia penal militar.
El mayor Cujar manifestó que los hechos por los que era investigado el excomandante de la Escuela de Caballería “fueron originadas en una operación militar”, precisando que el coronel Plazas Vega había tenido como principal misión durante la toma del Palacio de Justicia “trasladar los vehículos blindados” el 6 de noviembre de 1985 para rescatar a los rehenes.
Ante esta solicitud los representantes de los desaparecidos del Palacio de Justicia denunciaron al juez militar considerando que dicha petición fue un abuso de autoridad para entorpecer el caso.
Dos semanas después, el magistrado Ovidio Claros Polanco, el Consejo Superior de la Judicatura, decidió dejar en manos de la justicia ordinaria, y no la penal militar el proceso en contra del coronel en retiro.
Según el ponente de la decisión, fueron las dudas que surgieron en el estudio del caso. “Cuando persista una duda, debe pronunciarse la justicia ordinaria” y agregó “existen dudas cuanto a lo que son los actos del servicio y aún hoy hay personas cuyo paradero no se conoce”.