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Judicial 4 Jul 2013 - 11:57 am

El togado aceptó su responsabilidad y fue sentenciado a más de 12 años de prisión

Condenan a juez que promovía carrusel de pensiones

El Tribunal Superior de Montería responsabilizó al juez promiscuo del circuito de Planeta Rica (Córdoba,) de haberse apropiado de casi $65.000 millones.

Por: Santiago Martínez Hernández
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Después de que la Corte Constitucional alertara a los entes de control del país de las posibles irregularidades que se presentaban en algunas demandas por supuestos reajustes pensionales de docentes en Córdoba y que la Fiduciaria La Previsora –encargada de administrar los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio– denunciara estos hechos el 19 de abril de 2012, el Tribunal Superior de Montería condenó el pasado 28 de junio al juez promiscuo del circuito de Plantea Rica (Córdoba), Ángel Dario Aycardi Galeno, a 12 años y seis meses de prisión por ser el cerebro de la operación que desfalcó en casi $65.000 millones las arcas de la Nación.

Aycardi Galeno, capturado el 19 de febrero de este año, aceptó desde el inicio de su proceso penal haber sido la persona que promovió –al parecer junto con su secretario de despacho, un funcionario de la gobernación de Córdoba y 11 abogados– una de las operaciones más grandes para desangrar al Estado y apropiarse de alrededor de $255.000 millones que estaban en manos de la Fiduprevisora.

La estrategia que planteó este cartel de pensiones era que se legalizaran los procesos para un reajuste pensional a través de falsas autenticaciones de poderes de docentes, resoluciones de la Secretaría de Educación de Córdoba –encargada de reconocer los reajustes pensionales–, falsificaciones de certificaciones suscritas al secretario ejecutivo de la gobernación que daban fe de las resoluciones anteriormente mencionadas y otros documentos públicos y privados.

Según logró establecer la Fiscalía, fueron 5.530 documentos públicos y 1.218 documentos privados los falsificados. Además, encontraron que las resoluciones ilegales aparecen tramitadas por un falso abogado de nombre Luis Carlos Sampayo Mejía. El Consejo Superior de la Judicatura certificó que esta persona no era jurista y tenía una tarjeta profesional que pertenecía a otro.

Fue entonces que entre mayo, junio y agosto de 2011, los 12 abogados presentaron 11 demandas contra la Nación, el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora para el reajuste pensional de 1.403 docentes. Según las pesquisas del ente investigador, los profesores desconocían está situación o, por el contrario, eran personas que dijeron que jamás habían ejercido está profesión. La intención era que el juez Aycardi librara mandamiento de pago, ordenara el embargo de las cuentas de la Nación –sin importar que fueran inembargables–, atendiera oportunamente toda reclamación de los demandantes, desatendiera las nulidades que propusieran las otras partes y colocara toda clase de obstáculos.

Lo increíble de esta situación fue que a pesar de las advertencias que hacían desde la Procuraduría y la Contraloría, y de las denuncias que había instaurado en Córdoba la Fiduprevisora –que finalmente tuvo que llevar la denuncia ante el Fiscal 5 de la Unidad Nacional para la Investigación de Funcionarios Judiciales (UNIFUJ) en Bogotá–, Aycardi, sin tener competencia para llevar adelante estos procesos, hizo caso omiso y admitió las demandas. Asimismo, ordenó entregarle a los abogados demandantes los dineros embargados por valor de $64.925.241.054. Por esta razón, en la condena del Tribunal de Montería se le impuso una multa de $25.000 millones.

Sólo tres de las 11 demandas que interpusieron los abogados lograron su cometido: que les retribuyeran dineros del Estado que nos les correspondía. Entre los abogados que recibieron dineros que fueron pagados por el Banco Agrario de Plante Rica, se encuentran: Oscar Luis Vidal Arieta, quien según la Fiscalía participó en todos los procesos y obtuvo $4.000 millones; Alfredo José Agámez Vanegas, quien se benefició con $17.991 millones; la exfiscal Luz Elena Polo Rodríguez, quien llegó a cobrar $13.000 millones; y Robert de Jesús Montes a quien le pagaron $14.000 millones.

Los otros implicados son juristas a quienes no se les hizo efectivo el cobró o participaron como colaboradores en los otros procesos. Ellos son: Lefther Manuel Herrera, Gustavo Raúl Rhenals Nova, Heliodoro Agámez Pineda, Jaime Agámez Pineda, Libardo José Enrique Morales y Daniel Eduardo López Palencia. Asimismo, en la investigación fueron vinculados Tony de Jesús Luna Espitia, quien fungió como secretario de Educación del departamento encargado en 2007, y Germán Alvario Otero, secretario del despacho del juez Aycardi.

Mientras que Aycardi Galeno ya fue condenado por cinco delitos –falsedad en documento público y privado, peculado por apropiación como autor y en beneficio de terceros y prevaricato–, el próximo 5 de julio se definirá la suerte de los otros 13 implicados en el desangre a las pensiones de los docentes del país. Según la Fiscalía el secretario del despacho y siete abogados se allanarán a los cargos imputados.
 

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