La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por la muerte selectiva de 32 personas en el municipio de Urrao (Antioquia), señalados de ser auxiliadores de la guerrilla de las Farc. El alto tribunal determinó que se presentó una falla en el servicio por parte de las instituciones demandadas.
Según la demanda, los hechos fueron cometidos por un grupo autodenominado ‘Los Alacranes’ quienes ejecutaron en un lapso de 42 días (entre los meses de mayo a un grupo predeterminado de personas. Sin embargo, pese a que en la zona existía el Batallón Cacique Nutibara que contaba con la presencia de 233 uniformados, no se tomaron las acciones correspondientes.
En el debate jurídico se señaló que se presentó una “inoperancia e inactividad” por parte de las partes demandadas. En este sentido se consideró que se presentaron omisiones e incumplimiento en las funciones que facilitó que “los alzados en armas” cometieran la ejecución selectiva de este grupo de personas.
Por estos hechos, el exjefe paramilitar Alcides de Jesús Durango, alias ‘René’ reconoció su responsabilidad en estos hechos, sin embargo en sus declaraciones ante las autoridades judiciales no dio luces sobre la identidad de las personas que conformaban el grupo que ejecutó los crímenes selectivos. Sin embargo, en la demanda se manifiesta que en estos habrían participado miembros del Batallón.
Además se cita la facilidad que tenían los integrantes de dicho grupo armado ilegal para movilizarse en la zona. En algunos casos se les vio en compañía de comandos del Ejército y la Policía mientras intimidaban a las personas de la región. Por estas falencias se ordenó el pago de una indemnización a los familiares de las víctimas de estos crímenes selectivos.
Igualmente se le ordenó al Ejército que adelanten una ceremonia privada de perdón reconociendo los errores que se presentaron en este caso y rechazar la violación por parte de las Fuerzas Militares. Además exhortó al Ejército Nacional a tomar las medidas necesarias dirigidas a “crear conciencia sobre sus deberes de protección respecto a la sociedad”.