El 6 de diciembre un comando de hombres armados del Ejército Nacional, el DAS y la Fiscalía General adelantaron una operación en el barrio San José de la Cima, ubicado en la comuna nororiental de Medellín, en contra de grupos subversivos que delinquían en la zona.
En el operativo conjunto abrieron “fuego indiscriminado” en contra de las viviendas, causando pánico en las personas que allí habitaban. Un hombre, con el fin de proteger a su familia disparó desde el interior de su residencia en contra de las personas que consideraba lo estaban atacando.
Sin embargo poco tiempo después tuvo que rendirse y fue capturado por las autoridades que lo acusaron de haberle causado la muerte a su compañera sentimental. Por estos hechos estuvo privado de su libertad por un año mientras se le adelantaba el juicio.
Durante el proceso, atendiendo un recurso presentado por la Procuraduría General, se pudo verificar que las pruebas radicadas estaban dirigidas a desviar la investigación de los verdaderos responsables de los hechos y así encubrir la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública.
La Sección Tercera del Consejo de Estado verificó que pese a que el operativo estaba autorizado por una orden judicial, en la ejecución del mismo se presentaron notables irregularidades que terminaron con la muerte de dos mujeres que vivían en la comuna, entre ellas la esposa del demandante que solicitó el pago de una indemnización.
En el debate jurídico se tuvieron en cuenta los testimonios rendidos por los hijos de la víctima que dieron cuenta “de la barbarie con que arremetieron Ejército, Fiscalía y DAS en contra del humilde hogar de una familia que derivaba su sustento de una tienda que atendían en la misma vivienda”.
En los testimonios se manifestó que hombres armados irrumpieron a su casa mientras disparaban inmisericordemente en contra de sus habitantes. Los miembros de la Fuerza Pública además golpearon a su padre “y víctimas de su madre, sino además, ser testigos del maltrato en contra de su padre y víctimas de la impotencia por no lograr impedir que los hombres que ejercían autoridad en nombre del Estado robaran sus pertenencias y destrozaran el resto de la vivienda y la tienda de sus padres, único patrimonio del qué dependían para subsistir”.
Para el tribunal de lo contencioso administrativo es evidente que se presentó un abuso de la autoridad, desviando así el principio constitucional de proteger a la población civil. En el fallo se catalogaron este tipo de acciones como una “vergüenza nacional” puesto que fue ejercida por las autoridades que deben velar y garantizar la paz, el orden y el respeto de los derechos fundamentales.
Tristemente, en época que una vez más se espera superada, se devaluó por los miembros de los organismos de seguridad al ciudadano humilde o de escasos recursos para pasar a identificarlo con el delincuente, y fue eso sin eufemismo alguno lo que ocurrió”, señala la sentencia.
Ante esto se condenó a la Nación, representada por el DAS, la Fiscalía General y el Ejército Nacional al pago de una multimillonaria indemnización al demandante que además de estar privado de la libertad fue acusado de las acciones que cometieron los mismos miembros de la Fuerza Pública.