Condenan a la Nación por toma de las Farc al corregimiento de Aguas Blancas (Cesar)

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional al pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a varias familias durante la toma de las Farc en el corregimiento Aguas Blancas, zona rural del municipio de Valledupar (Cesar) en hechos registrados el 20 de febrero de 2002.

En la incursión guerrillera se registró la muerte de una señora, la destrucción de su vivienda, y heridas a un menor de edad y a 14 personas, tres de las cuales eran integrantes de una banda de mariachis que se desplazaban en su vehículo.

La Sala indicó que es deber del Estado proteger a la población civil, alejarla del conflicto y buscar su defensa con “medios adecuados y estrategias efectivas”. En caso de que esto no sea posible, debe reparar los derechos e intereses afectados.

El alto tribunal indicó que “las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y, en general, excluidas de la confrontación” armada. Debido a esto se ordenó el pago de una indemnización de 1.300 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

En el debate jurídico no se aceptaron los argumentos de la Policía Nacional que indicó que el “atentado terrorista no fue selectivo, sino que la acción subversiva se realizó de una manera indiscriminada”.

Sin embargo, a juicio del alto tribual la Institución conocía el riesgo que enfrentaba la población puesto que ya existían registros de hostigamiento a la localidad en 1996.

Advierten que el diseño del plan de defensa para la subestación de Policía del lugar solo se hizo con posterioridad al ataque ocurrido en el año 2002. El Consejo de Estado revocó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Cesar. 

“Aspecto que extraña profundamente a la Sala, pues las autoridades desconocieron el primer ataque y omitieron poner en funcionamiento todas las herramientas necesarias para la protección de la población y de sus mismos agentes”, precisa la decisión.