Este martes, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí (Antioquia) anunció que el próximo 9 de agosto se conocerá en monto de la condena en contra de la exdiputada a la Asamblea de Antioquia, Ángela María Cano Vargas y dos de sus parientes, por estafar a varias familias por más de $3 mil millones.
Según la investigación de la Fiscalía, desde el año 2006, por lo menos 240 personas de los estratos 1, 2 y 3 invirtieron el dinero para construcción de viviendas de interés social en la población ubicada en el Valle de Aburrá, pero las soluciones de vivienda nunca fueron construidas.
El sentido del fallo condenatorio también recayó sobre Gabriel Jaime Velásquez Rodríguez quien fue el “representante legal de la constructora DC Total de Diseño y Construcción, empresa encargada de los estudios de suelos, los diseños arquitectónicos y la ejecución de la urbanización San Miguel y el Proyecto Santa Marta”, argumentó la Fiscalía.
Según el organismo investigador, la exfuncionaria y sus parientes para ganar la confianza de los afectados, luego los citaban para que conocieran el terreno en donde se ejecutarían los proyectos de vivienda, el cual sería entregado en máximo dos años a partir del primer pago.
El juez en su determinación privó de la libertad a los implicados por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal.