Las condenas por el carrusel de la contratación

La sentencia de 14 años de prisión contra Iván Moreno se convirtió en la primera gran decisión por el desfalco a la capital, en la que la justicia comprobó su culpabilidad sin que aceptara cargos.

El expediente del carrusel de la contratación en Bogotá es tan amplio como el saqueo que sufrió la capital del país. Empezando por el exalcalde Samuel Moreno Rojas y su hermano, el exsenador y hoy condenado a 14 años de prisión Iván Moreno, los tentáculos de este cartel se extendieron hasta concejales, contratistas y funcionarios públicos que quisieron sacar su tajada del erario. Los frentes de las investigaciones empezaron por las irregularidades en la adjudicación de contratos para la rehabilitación de la malla vial en Bogotá y la fase tres de Transmilenio. Más adelante siguieron con la cadena de coimas y corrupción en el contrato para el manejo de las ambulancias, por un valor de $67 mil millones, y las anomalías en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Mientras unos han aceptado su responsabilidad en este entramaje de corrupción, otros alegan que son inocentes. Estas son las condenas por este escándalo.

La más reciente se dio este lunes, cuando la Corte Suprema de Justicia halló culpable al exsenador del Polo Democrático, Iván Moreno Rojas, por los delitos de concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Él nunca aceptó cargos, pero el alto tribunal pudo comprobar que estuvo involucrado en las irregularidades para adjudicarle dos millonarios contratos de la fase III de Transmilenio al grupo Nule.

Según la Corte, ejerció su poder como congresista sobre funcionarios del IDU para que les entregaran el proyecto a estos oferentes y no a otros. Además, les exigió a Manuel, Miguel y Guido Nule, quienes tenían la concesión vial Bogotá-Girardot, la instalación de dos estaciones de gasolina en la carretera para que las administrara su esposa Lucy Luna de Moreno. Por estos hechos deberá pagar 14 años de prisión y además será investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

La misma pena cargan sobre sus hombros los primos Nule por apropiarse de al menos $64 mil millones. El 14 de junio de 2012, el Tribunal Superior de Bogotá les aumentó al doble la pena que se les había impuesto en primera instancia. Para el magistrado del caso, Eugenio Fernández, no cumplieron con lo pactado en el preacuerdo que celebraron con la Fiscalía por el delito de peculado, uno de los cinco cargos que les imputó la Fiscalía. En la misma decisión del Tribunal, Mauricio Galofre, principal socio del grupo Nule, fue condenado a 10 años y seis meses de prisión.

Además, en mayo de ese año, el fiscal general, Eduardo Montealegre, les anuló a los cuatro el principio de oportunidad que tenían –el cual consistía, básicamente, en delatar a sus cómplices a cambio de no perseguirlos judicialmente por estos delitos–, porque no habían aportado toda la información que requerían para acceder a este beneficio. El pasado 29 de agosto los Nule aceptaron cargos por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento, concierto para delinquir y cohecho, y su segunda condena podría rondar los 7 u 8 años de prisión.

Julio Gómez, uno de los contratistas que conformó uniones temporales con los Nule para sacar provecho de concesiones de la malla vial y de la fase III de Transmilenio, fue condenado el pasado 14 de julio a 10 años y 21 días de prisión. Para el juez quedó comprobado que recibió ‘coimas’ con el fin de lograr que funcionarios públicos les entregaran los contratos a él y a sus amigos. Así ocurrió en el caso de tres proyectos cedidos a la Unión Temporal Transvial, cuyo valor superaba los $315.000 millones, en donde Gómez aceptó recibir $1.750 millones de Miguel Nule si lograba esta adjudicación.

Luego de renunciar a un preacuerdo con la Fiscalía, en octubre de 2013, el excontratista aceptó en enero pasado los cargos por celebración indebida de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación y concierto para delinquir. La sentencia fue apelada por el representante del IDU, la Procuraduría y la defensa de Gómez, quien esperaba recibir rebajas en su pena por el dinero que ha reintegrado. El caso está en manos del Tribunal Superior de Bogotá.

Una de las fichas que tenía el cartel dentro del Instituto de Desarrollo Urbano era su director técnico legal, Inocencio Meléndez, quien favoreció al cartel con una serie de concesiones. En agosto 2011, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión y se le impuso una multa de $76.055.200. Se convirtió en el primero de los involucrados del carrusel en tener una sentencia. Como parte del preacuerdo que firmó con la Fiscalía, aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Además, en esa misma época la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 11 años.

El expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, también tuvo que responder ante la justicia por no haber denunciado las irregularidades que ocurrían en la contratación de la capital del país. En pocas palabras, decidió hacerse el de la vista gorda a cambio de una generosa comisión y por eso deberá pagar más de cinco años de prisión. El expersonero incurrió en delito de cohecho propio, que él ya había aceptado en febrero pasado, y según la Fiscalía recibió al menos $500 millones para que guardara silencio sobre las maromas que estaban haciendo con el presupuesto de la capital.

El exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández –quien en este desfalco fue la ficha que pusieron los concejales Orlando Parada, Hipólito Moreno y Andrés Camacho Casado en esa institución para asegurar las concesiones a los contratistas con los que hacían negocios– tiene la condena más bajita del expediente desde febrero pasado: un año y cuatro meses. El exfuncionario aceptó el delito de cohecho impropio, como parte de un preacuerdo con la Fiscalía. De hecho, según el ente investigador, la función de Hernández era favorecer a Emilio Tapia y a Julio Gómez.

El nombre de Hernández para ocupar este cargo fue propuesto por el concejal Andrés Camacho Casado, con quien mantenía una amistad. Luego de que en junio de este año Camacho fuera condenado a tres años de prisión, el Tribunal Superior de Bogotá le aumentó la pena a cinco años por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Camacho Casado se entregó días después ante funcionarios del CTI, pues con el incremento su sentencia ya no era excarcelable –beneficio que aplica a condenas de máximo cuatro años–.

El exconcejal había aceptado los dos delitos endilgados y negoció con la justicia. De hecho, hace parte de los testigos en el juicio que se sigue contra Orlando Parada, en el que reiteró que hizo parte de un plan para poner a alguien de su confianza que pudiera adjudicar contratos en la Unidad de Mantenimiento Vial. Algo muy similar le pasó a su compañero Hipólito Moreno, quien también participó en esta designación, y a quien el Tribunal de Bogotá le confirmó la condena de seis años y seis meses de prisión domiciliaria.

Moreno, condenado por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos también está salpicado en otro frente del carrusel: las irregularidades en los contratos de ambulancias que le costaron al distrito $67.000 millones de pesos. El excabildante habría recibido la tajada del 9% para repartir los dineros. Moreno aceptó desde la imputación su responsabilidad y por eso se hizo acreedor de una rebaja de pena.

Por este capítulo de las ambulancias también fue condenado en agosto pasado a 13 años de prisión, el exsecretario de Salud, Héctor Zambrano. Siempre se ha considerado inocente, pero alega que aceptó los cargos de celebración de contratos y celebración de contratos sin requisitos legales por no tener cómo pagar un abogado para afrontar el juicio. También tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. El cerebro que ideó cómo desfalcar millonariamente a la salud del distrito, Federico Gaviria, fue condenado a dos años y medio de cárcel. También aceptó su responsabilidad en el delito de cohecho por dar u ofrecer, lo que le permitió una rebaja de la mitad.

En abril del 2015, el concejal Orlando Parada también recibió su condena: nueve años por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. La Fiscalía pudo demostrar que el entonces concejal del Partido de La U tuvo un papel clave en la Unidad de Mantenimiento de Malla Vial (UMV). Según la juez, Parada se aprovechó de las influencias que desde su cargo como concejal tenía, para que el director de la UMV, Iván Hernández, lo favoreciera en “la gestión del mantenimiento de la malla vial de Bogotá, el nombramiento de personas para ocupar cargos en la entidad, adjudicación de contratos de prestación y la obtención de los recursos para financiar su campaña política, contando con la intermediación del abogado Manuel Sánchez, persona de su entera confianza, encargada desde años atrás de manejar la financiación de sus campañas políticas”.

Más tarde, en agosto del 2015, la juez 51 de Bogotá condenó a Emilio Tapia a 17 años de cárcel por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Tapia Aldana fue una pieza clave en el cartel que se tomó las contrataciones de Bogotá durante la administración de Samuel Moreno, y por eso, su condena es la más alta que hasta la fecha se haya fallado en el ‘Carrusel de las contrataciones’. Y eos que, por su colaboración con la justicia, el excontratista del Distrito obtuvo una rebaja de la pena de ocho años. el juez 15 de En mayo de 2015, ya la jueza 49 lo había sentenciado a tres años y un mes de prisión por el delito de concierto para delinquir, del cual Tapia se declaró culpable. La jueza lo condenó pues él fue uno de los enlaces a través de los cuales los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas habrían sacado millonarias tajadas de los contratos de infraestructura vial y de salud en Bogotá.

Después de la suya, se da la condena de quien el mismo Tapia aseguró era el líder de la “empresa criminal”: Samuel Moreno Rojas. El tercero de los procesos contra el exalcade, se trata del contrato del servicio de ambulancias, firmado en 2009. Por éste, varios funcionarios, exconcejales y contratistas del Distrito fueron juzgados, pues se habrían apropiado del 9% del valor total, $67.000 millones. En el caso de Moreno Rojas, el juez penal 14 de conocimiento lo condenó –aún no se sabe a cuantos años- pues en su concepto, existen pruebas que dan cuenta de que Samuel Moreno recibió alrededor de $2.790 millones producto de las irregularidades en la contratación en la Secretaría de Salud de Bogotá.