Congelada la primera Zidres del país

El predio El Porvenir tiene más de 27.000 hectáreas y perteneció a Víctor Carranza. / Cortesía Corporación Claretiana

En un acto público en Casanare, el pasado 29 de enero, el presidente Juan Manuel Santos anunció la puesta en marcha de la ley para crear zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, más conocidas como Zidres. Hubo patilla, piña y cerdo para celebrar. Ese mismo día, el Ministerio de Agricultura anunció que un predio de 27 mil hectáreas llamado El Porvenir, en el Meta, sería el primero en beneficiarse por la iniciativa, apoyada por la Unidad Nacional y el Centro Democrático, pero duramente criticada por la Alianza Verde, el Polo y organizaciones de derechos humanos. Se escucharon aplausos y gritos con la noticia de la localización de la primera Zidres.

La celebración, sin embargo, duró poco. La Corte Constitucional, al revisar una tutela presentada por 73 habitantes de esta zona para proteger su derecho de acceso a la tierra, determinó que a los campesinos se les habían violado sus derechos a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad, a la vivienda digna, al trabajo, a la paz y a la tierra, y fue enfática en afirmar que hasta que no se solucionen los procesos de adjudicación de estos campesinos, ninguna política estatal podrá aplicarse allí. La decisión se tomó el pasado 11 de agosto pero solo hasta esta semana están siendo notificadas las partes y se conoció el texto completo.

Es un fallo que le pone freno a la primera zona destinada para lo que el propio presidente calificó como la apuesta “más ambiciosa para el desarrollo y producción del campo colombiano”. (Lea aquí el fallo completo de la Corte Constitucional sobre este caso)

La historia de esta tierra, ubicada a orillas del río Meta, en el municipio de Puerto Gaitán, resume lo que millones de campesinos han tenido que vivir a raíz del conflicto armado interno y su constante disputa por el dominio de la tierra entre los diferentes grupos armados al margen de la ley. En el caso de El Porvenir, hay que retroceder por lo menos 45 años para encontrar la primera pelea. Un empresario asentado en la zona, Víctor Machado, reclamó y adquirió la propiedad en 1970 y hasta hoy sigue sin ser claro cómo lo hizo, mientras que cientos de familias siguieron trabajando en lo que para ellos les pertenecía, sin papeles o registros que los respaldaran de manera oficial.

En 1979, las 27 mil hectáreas fueron vendidas a Víctor Carranza, quien para ese entonces empezaba a ser reconocido como el “zar de las esmeraldas” y asociado con grupos paramilitares. Durante mucho tiempo se dijo que estaba detrás de las Autodefensas de Meta y Vichada, pero murió en abril de 2013 sin condenas y con apenas una investigación en su contra. Con su llegada, empezaron los problemas de seguridad en la región. Grupos paramilitares ingresaron a la zona, y según le contaron a la Corte Constitucional los demandantes, entre 1980 y 1987 fueron asesinados 10 pobladores. Entre otras cifras, el alto tribunal tuvo en cuenta lo que denunció el Cinep, con base en información de la Unidad de Víctimas: en Puerto Gaitán, hasta abril de 2016, se han documentado 6.528 casos de desplazamiento forzado.

La historia se enredó aun más en 1992, cuando el Incora le adjudicó a 27 personas las 27 mil hectáreas. Ellos, aseguraban los demandantes, nunca habían tenido relación con el predio El Porvenir y el dominio real de la tierra seguía en manos de Víctor Carranza y de su empresa Ganadería La Cristalina. En 2014, un año después de la muerte de Carranza, el Incoder revocó esas adjudicaciones. En 2015 Holman Carranza, uno de los hijos del cuestionado esmeraldero devolvió voluntariamente las 27 mil hectáreas. En ese momento, la tierra quedó registrada como baldía y ninguna autoridad intentó responder a los 73 campesinos demandantes.

Para la Corte Constitucional, es claro que esa entidad privilegió los intereses de los poderosos sobre la población que históricamente ha vivido y trabajo en este lugar. Otro tema llamó todavía más la atención del alto tribunal: el Incoder informó que los predios de El Porvenir son prioridad en la política de desarrollo agrario del Gobierno y puntualizó que el propio presidente Santos había declarado este territorio como la primera zona en la que su ley de Zidres se ejecutaría

“Preocupa a la Sala que el Incoder niegue la existencia de derechos de los campesinos en El Porvenir en sus respuestas a la acción de tutela y al mismo tiempo anuncie la vinculación de miles de familias a grandes proyectos productivos”, dice la sentencia, en la que además se señala que ese anuncio resulta una nueva violación a los derechos de una población campesina que ha luchado durante medio siglo por el acceso a la tierra y ha sido víctima de violaciones de derechos humanos. “Ninguna política de este tipo puede crearse, implementarse o adelantarse hasta que no se defina la concerniente a los derechos de la población campesina tutelante”, agrega el fallo.

Para solucionar el problema de la adjudicación de los predios y la situación de violencia que hoy todavía viven en El Porvenir —en la Fiscalía se denunció la supuesta violación de dos niñas el pasado 13 de abril y hay varias quejas por la situación de seguridad del líder Miguel Briceño—, la Corte ordenó crear una mesa de trabajo interinstitucional. En ella deberán participarán entidades como la Agencia Nacional de Tierras —la que heredó todos los líos del Incoder y que además recuperará los predios de El Porvenir la próxima semana—, la Unidad de Restitución de Tierras —que lleva por lo menos un año en el proceso de macrofocalización de la zona—, la Defensoría y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, entre otras.

Por último, la Corte Constitucional tiene hasta el próximo 10 de noviembre para decidir si la Ley de Zidres es constitucional o no. El presidente Santos la ha defendido de sol a sol; no obstante, esta norma ha sido fuertemente criticada por organizaciones internacionales respetadas en materia de tierras como Oxfam, que al respecto ha advertido: “Se trata de un instrumento que legalizaría la acumulación irregular de predios —con antecedentes de baldíos— por parte de empresas nacionales y extranjeras, causando efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra”.