Antes de salir de su casa, Jorge Enrique Guerrero, un pastuso de 38 años, le prometió a su mamá, María Ninfa Castro, que no se iba a demorar, que sólo iba a tomar unas cervezas con unos amigos. Salió en su moto el 1º de octubre de 2005 y llegó al barrio Sendoya, en donde compartió con algunos conocidos y a las 3 de la madrugada tomó el camino de regreso a su casa junto con un compañero. A los pocos metros de trayecto, una camioneta Toyota de vidrios oscuros los golpeó por un costado y Jorge Guerrero y su amigo cayeron heridos.
El conductor del automóvil no se detuvo a mirar lo que había pasado y siguió su trayecto en contravía, por la calle 19, a la altura de la carrera séptima, en Pasto. A los heridos los trasladaron al Hospital Universitario Departamental de Nariño y a las 10:35 de la mañana, Guerrero falleció. Al preguntar por el responsable del accidente, los familiares de los afectados se enteraron de que se trataba del policía Nisson Murillo, quien hacía parte del esquema de seguridad del entonces representante a la Cámara por el Partido Liberal, Javier Tato Álvarez, y que el carro que había causado el accidente, había sido asignado al congresista.
“En ese momento nadie dio la cara. Nosotros quedamos esperando que alguien se pronunciara y nos ayudara porque Jorge Enrique era el que nos mantenía en la casa”, explicó María Ninfa Castro, quien 10 años después del accidente, y de una pelea jurídica que comenzó en febrero de 2007 liderada por los abogados Silvia Oriana González y Silvio González, recibirá junto a su familia una reparación económica por parte de la Cámara de Representantes. Se trata de un fallo en segunda instancia que resolvió el Tribunal Administrativo de Nariño el 14 de agosto de este año, y que se conoció hace poco, después de que el Congreso asegurara que la responsabilidad del accidente era de la Policía Nacional.
Según los argumentos del magistrado ponente, Hugo Hernando Burbano, la Cámara de Representantes es responsable de los daños ocasionados en el accidente, pues son ellos los que deben responder por el cuidado y custodia del automóvil que les fue asignado. Si bien la defensa de la Cámara intentó esquivar esta tarea en su apelación afirmando que no eran ellos los encargados de vigilar la actuación del escolta sino la entidad que lo había nombrado, en este caso la Policía, la sala del magistrado Burbano reafirmó su responsabilidad.
“Como la asignación del vehículo implica su custodia, conservación y buen uso, constituye una falla de servicio que una vez cumplida la misión oficial para la cual estaba destinado, el automotor no permaneciera en el lugar dispuesto por el representante para su guarda. Competía a la administración tomar las medidas necesarias y eficaces para asegurar que el vehículo oficial estuviera resguardado en un lugar seguro, vigilado, inaccesible a personal no autorizado para su conducción”, explicó el Tribunal, haciendo énfasis en que el policía que causó el accidente no estaba asignado como conductor del vehículo y tampoco se encontraba en el horario laboral.
En este sentido, el conductor declaró que bajo el beneplácito del congresista tomó el vehículo para guardarlo en su lugar habitual pero que en el camino se desvió “para adelantar unas diligencias personales”. La versión que contó el entonces representante Álvarez en un oficio presentado por la Procuraduría explicó que la noche del 1° de octubre sus escoltas lo dejaron en su residencia y uno de ellos, el asignado por la Policía, se llevó el vehículo para guardarlo en el garaje habitual pero que, de manera abusiva, el agente utilizó el carro para otras actividades y a las 3 de la madrugada del día siguiente colisionó contra una motocicleta.
“Estoy desentendido del tema. Considero que en este caso debe ser la Policía la encargada de reparar a las víctimas, pues fue un miembro de su institución el que causó este daño. El tema ahora pasará a la oficina administrativa de la Cámara, pero yo no tengo responsabilidad en nada de lo que pasó esa noche”, le dijo a El Espectador Javier Tato Álvarez, quien llegó a la Cámara de Representantes en 1994 y en las elecciones de 2014 pasó al Senado.
Por el daño causado por este accidente, el Tribunal Administrativo de Nariño condenó a la Cámara de Representantes a que pague, por perjuicios materiales, una suma de más de $25 millones a cada uno de los tres hijos de Guerrero quienes, al momento del accidente, eran menores de edad. Asimismo, el fallo obliga a la Cámara a pagar 100 salarios mínimos (unos $64 millones), por perjuicios morales, a los tres hijos, y 50 salarios ($32 millones) a los padres y hermanos de la víctima, quienes dependían directamente de los ingresos que Guerrero ganaba como ebanista.
En cuanto al proceso penal que se adelantó en contra del policía Murillo, quien aceptó cargos por homicidio culposo y lesionas culposas, fue condenado en sentencia anticipada a un año y ocho meses de prisión el 20 de octubre de 2006. “Al ver a su hermano muerto, mi otro hijo se afectó mucho de la cabeza y ahora lo tengo enfermo en la casa. Con la platica que me van a dar voy a comprarle un rancho para que esté más tranquilo”, dijo María Ninfa Castro.