Mediante un comunicado de prensa, la Sección Tercera del Consejo de Estado le salió al paso a los cuestionamientos hechos en los últimos días a la sentencia que avaló la protección de las especies animales y vegetales.
El alto tribunal aseguró que con estas decisiones no se pretende sacrificar ni limitar el desarrollo de la humanidad ni su supervivencia, pues se reconoce que es necesaria la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables para garantizar el desarrollo sostenible de la población.
El pronunciamiento se hizo en el marco de la decisión adoptada el 26 de noviembre del 2013, mediante la cual se demostró la violación de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la protección de las especies animales y vegetales (Ley 472 de 1998, art. 4) y se protegieron los derechos de los primates pertenecientes a la especie Aoutus vociferans, localizados en el trapecio amazónico, los cuales son utilizados para experimentos científicos.
En este caso dispuso que se cancelaran los permisos de caza y recolección de dichos primates, mientras la Fidic adecúe su comportamiento a las leyes vigentes. Es decir, que en el momento en que se cumplan los preceptos establecidos en la ley, tal recolección podrá reanudarse, las entidades públicas demandadas deberán regular la tasa de repoblación establecida en la ley, cuya omisión ha configurado una vulneración grave a los citados derechos colectivos.
Ante esto, el Consejo de Estado reitera que “no se atenta contra la investigación científica del país, sino que, por el contrario, se trata del reconocimiento que para el uso y aprovechamiento de los animales por parte del ser humano es preciso que se cumplan los requisitos legales, así como garantizar que no se les somete a un trato cruel y degradante”.