Al considerar que la presentación de la demanda superó el término de cinco años que estipula la ley, el Consejo de Estado precluyó el proceso contra el exprocurador General, Edgardo Maya Villazón quien fue acusado jurídicamente por una exfuncionaria de acoso laboral.
La mujer había presentado en su demanda que había sufrido una persecución laboral por parte de procuradores provinciales de Magangué y Cartagena en el departamento de Bolívar a finales de la década de los noventa y a principios del año 2000.
La funcionaria había manifestado que sufrió ese acoso laboral luego de hacer una serie de denuncias por presuntas irregularidades internas como el cobro de comisiones para archivar investigaciones disciplinarias.
“Empezó a ser víctima de acoso laboral en enero de 1992 por parte del Procurador Provincial de Magangué (Bolívar), Ángel Genaro García Muñoz, tras haberlo denunciado por corrupción, ya que tuvo conocimiento de que se hallaba cobrando entre $30.000 y $60.000 por ordenar archivo de investigaciones que allí se adelantaban y empeñar los electrodomésticos de la institución”, precisa uno de los apartes de la decisión donde se cita la denuncia de la funcionaria.
Ante estas revelaciones, señala el documento, el procurador fue destituido del Ministerio Público lo que habría aumentado la presión en su contra dentro de su trabajo, las cuales fueron evidentes luego de que sugirió una “allanamiento” a un lugar en el municipio de Magangué conocido como “la casa rosada” que era propiedad de la empresaria del chance, Emilse López, más conocida con el apodo de ‘La Gata’.
En esa oportunidad, según la demandante, miembros de la Policía la presionaron, luego se presentó un intento de secuestro por parte de unos desconocidos así como un atentado en su contra “frustrado por un agente del entonces Departamento Administrativo de Seguridad, DAS”.
En el año 1995 se presentó una nueva situación de acoso laboral por parte de sus superiores, además de amenazas “por parte del jefe político de la región Jairo de Jesús Ganen Buelvas, quien irrumpió en su lugar de trabajo en compañía de un grupo de escoltas para intimidarla por razón de una sanción impuesta a un disciplinado”.
La misma situación se presentó en 1998 cuando fue trasladada a la procuraduría de Cartagena, “quien se empeñó en crearle un ambiente laboral adverso al presentarla ante todos los demás funcionarios como una mujer loca, ‘tumba procuradores’”.
En los tres años que estuvo trabajando en la capital de Bolívar la funcionaria recibió acoso laboral por parte del “Procurador de turno, primero de Alfredo Palis Turbay y, luego, de su sucesora Ángela Durán de Cubillos, por negarse a archivar investigaciones disciplinarias en las cuales se daban las condiciones para imponer sanción, ante la confesión dada por los respectivos implicados”.
La funcionaria demandante fue retirada de la institución luego de que se le hubiera destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos.