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Judicial 3 Jul 2013 - 4:05 pm

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Consejo de Estado condenó a la Nación por error de la Policía que ocasionó cuatro muertes

Los familiares del teniente responsable del hecho no fueron indemnizados.

Por: Redacción Judicial
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Por incautos y por irresponsables unos agentes de la Policía de Saravena (Arauca) ayudaron a las Farc en sus intenciones de atentar contra la Fuerza Pública. Un error de su parte acabó con sus vidas, con la estación de Policía de Saravena y, asimismo, produjo una millonaria condena contra la Nación en un reciente fallo del Consejo de Estado.

El error en cuestión fue que el 16 de marzo de 1997, sin percatarse, y con el único fin de ganarse el reconocimiento de sus superiores, los agentes ingresaron a la estación un carro que había sido abandonado por las Farc en el parque principal de esa población de Arauca. Lo hicieron sin percatarse que el automóvil, una Toyota Hilux blanca, era un carrobomba con el que esa organización guerrillera pretendía atentar contra la Fuerza Pública.

El vehículo explotó cuando ya se encontraba al interior de las instalaciones. La explosión acabó con la vida de cuatro uniformados: el comandante de la Policía de Saravena, Milton Javier de los Ríos Mello, el cabo primero José Manuel Salazar Alzate y los patrulleros José Alfredo Corredor Pico y Armando Bonilla Bonilla. Además, el atentado les causó heridas a otros varios agentes y averias a las edificaciones aledañas a la estación.

Varios testimonios evidenciaron que el vehículo fue ingresado a la estación por orden del comandante de la Policía de Saravena, el teniente De los Ríos Mello, con el propósito de quitarle el ‘positivo’ al Ejército; es decir, quedarse con el reconocimiento por la incautación del vehículo que las Farc habían dejado abandonado tras un enfrentamiento con el Ejército.

El ingreso se hizo sin registros que confirmaran que en el vehículo no había explosivos. Al automotor apenas se le hizo un chequeo superficial pues en Saravena no había agentes antiexplosivos.

Por este error los familiares del patrullero Corredor Pico demandaron a la Nación el 1 de junio de 1998. A los pocos meses los allegados de las otras víctimas hicieron lo mismo. La Policía, por su parte, inició una investigación por estos hechos. En 1999 esa institución emitió una resolución en la que encontró responsables a los agentes de Policía por el atentado.

“El registro realizado no contó con el profesionalismo, responsabilidad y criterio que debemos demostrar todos y cada uno de los miembros de esta institución (…) El hecho de ingresar el vehículo al interior de la estación resultó favorable a los insurgentes, quienes haciendo uso de su oligofrenia lo hicieron activar, causando las ya mencionadas novedades funestas”, indicó la Policía.

Un año después el Tribunal Administrativo de Arauca condenó a la Nación por estos hechos pues, en su criterio, habían sido causados “como consecuencia de una imprudencia, falta de experiencia y falta de malicia para enfrentar a un enemigo audaz, osado y peligroso, como se puso de manifiesto en la forma como se produjeron la incautación, conducción y requisa del vehiculo que fue ingresado al interior de la Estación de Policía pese a haber sido abandonado por el grupo de insurgentes que momentos antes habían hostigado a la patrulla del Ejército, circunstancia que hacía previsible que se tratara de un carro bomba, lo que motivaba a que se dejara en el lugar en que se encontraba hasta que se contara con la presencia de personal antiexplosivos”.

La Policía apeló la decisión y aseguró que todo era culpa del grupo guerrillero que “en demencial acción dieron muerte a los agentes cuando estos se encontraban cumpliendo con sus funciones”. Algunos familiares de las víctimas, quienes no fueron incluidos en la demanda hicieron lo mismo.

“La exigibilidad de una conducta diferente a la que tomaron los agentes de Policía de Saravena, esto es que tomaran las precauciones del caso y esperaran a agentes antiexplosivos para el registro de la camioneta abandonado por los subversivos, no es exótica. Debe tenerse en cuenta que los miembros de la Fuerza Pública que ejercían allí sus funciones y la población en general eran objetos frecuentes de ataques lo cual implicaba que estos debieran permanecer prevenidos frente a posibles atentados terroristas”, indicó el Consejo de Estado. 

Y agregó que “en este caso era exigible a la entidad que contara con personas expertas en antiexplosivos y que contara con las habilidades necesarias para el tratamiento de aquellas situaciones en las que fuera requerido y, además, que se le dotara para el adecuado ejercicio de sus funciones de los elementos que requiriera”.

Por ello le ordenó a la Policía indemnizar a los familiares de las víctimas, excepto a los del teniente Milton Javier de los Ríos Mello. En su criterio, el comandante de la Policía de Saravena fue el responsable del error que acabó con la vida de los agentes y la suya. Todo por quedarse con un ‘positivo’.

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