Con 22 votos a favor y uno en cotnra, la Sala Plena del Consejo de Estado rechazó el recuerdo de aclaración presentado por el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte contra el fallo que anuló su elección como magistrado del alto tribunal.
Ante esta decisión, el tribunal de lo contencioso administrativo dejó en firme el fallo emitido el pasado 25 de junio en el que se estableció que se presentaron irregularidades en la postulación y elección de Ricaurte en el cargo de magistrado de la Sala Administrativa de la Judicatura.
Se espera que en los próximos días el magistrado Ricaurte sea notificado oficialmente de la decisión judicial. Cuando se produzca esto el magistrado tendrá que abandonar el cargo en el que estuvo por un año y medio. (Ver ¿Aval al “yo te elijo, tú me eliges”?)
Para el Consejo de Estado en la elección de Ricaurte al cargo consideró que se presentó una “práctica indebida como el conflicto de intereses y clientelismo”, puesto que cuando ocupaba el cargo de magistrado en la Corte Suprema de Justicia eligió a varios de los togados que participaron en su postulación.
En la Sala celebrada este miércoles se negaron los argumentos presentados por la defensa del magistrado que buscaba que se anulara todo lo actuado en su caso argumentando una vulneración de sus garantías fundamentales.
La semana pasada el tribunal de lo contencioso administrativo le solicitó a la Secretaria que no se aceptarán más recursos puesto que se estaba afectando el desarrollo y estudio del caso.
La historia de Ricaurte
Desde el primer momento la postulación del otrora magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue cuestionada por varios sectores que consideraban que no se aceptar que esta fue presentada por magistrados a los cuales Ricaurte ayudó a elegir.
En este sentido se presentó una demanda contra la llamada ‘puerta giratoria’ en las altas cortes, con el plus de que a Ricaurte Gómez se le ampliaron los términos para que se inscribiera ya que con este se le permitía finalizar su periodo en la Corte Suprema, lo cual para los demandantes era un hecho totalmente irregular.
A su llegada a la Judicatura Ricaurte Gómez fue señalado de haberse aprovechado de su posición y poder en el tribunal, que presidió además en 2008, para ser postulado después del tiempo fijado y conseguir los votos para su posterior elección.
La demanda fue presentada por Rodrigo Uprimny y Paula Alejandra Rangel Garzón al considerar que se debe anular el acto administrativo puesto que las personas que los togados que lo eligieron tenían un parentesco o relación profesional. (Ver Los nombramientos de Ricaurte)
En este sentido se indica que estos magistrados desconocieron la prohibición de nombrar en un cargo público a una persona que haya intervenido en su elección señalando que varios magistrados que lo eligieron habían sido designados previamente por él o con su participación cuando se desempeñó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
“Si la Constitución prohíbe a un funcionario usar su poder de designación para nombrar a familiares de quien intervino en su propia elección, es obvio que, con mayor razón, le está prohibido nombrar a la persona que directamente intervino en su designación”, precisa uno de los apartes de la demanda.
Uno de los principales argumentos indican que al revisar los votos nulos de los magistrados que estaban impedidos para votar por Ricaurte se puede inferir que no se podía alcanzar la mayoría necesaria que exige la Constitución y el reglamento de la Corte Suprema para ser elegido.
Actualmente el tribunal de lo contencioso administrativa estudia una demanda en contra de la elección de Pedro Alfonso Munar quien actualmente es el presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura.