La Sección Primera del Consejo de Estado dejó en firme la sanción emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Contra una empresa de telecomunicaciones por las irregularidades que se presentaron durante el proceso de facturación en varias regiones del país.
Según la queja se presentó el cobro del cargo fijo por periodos que van desde uno, tres, seis, ocho y doce meses, sin que estos contaran con la disponibilidad del servicio. El alto tribunal rechazó los argumentos presentados por la empresa considerando que se presentó una falta.
“Esa calificación en efecto es pertinente en criterio de la Sala, pues resulta de la mayor gravedad que una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios no garantice una prestación continua, ininterrumpida y eficiente del servicio y además de ello cobre a sus usuarios cargos por servicios no prestados”, indica la sentencia.
La Sala aseguró que es obligación del Estado evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional, correspondiéndole a la ley delimitar el alcance de dicha libertad económica cuando lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
“En la facturación se debe tener en cuenta que en el precio que se cobre al suscriptor o usuario el elemento principal es el consumo o el valor de los bienes o servicios efectivamente recibidos. Esta estipulación no se cumplió rigurosamente por la parte actora, pues cobró un cargo fijo sin prestar efectivamente a sus usuarios el servicio de telefonía, conducta ésta que de acuerdo con el régimen jurídico es constitutiva de abuso de la posición de dominio”, puntualizó el fallo.