El Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica al partido político Unión Patriótica (UP) al anular la decisión emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Significa en términos jurídicos que la Unión Patriótica nunca perdió la personería jurídica”, precisó el presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón.
En su decisión, el tribunal de lo contencioso administrativo consideró que el CNE excedió sus competencias al retirarle la personería jurídica a este partido político, el cual fue objeto de un genocidio.
Según el registro histórico, miles de militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados a finales de los ochenta y principios de los noventa. (Ver Consejo de Estado analiza demanda que busca restablecer personería jurídica a la UP)
El tribunal de lo contencioso administrativo consideró el órgano electoral aplicó de manera indebida la ley 130 de 1994 con la cual en el año 2002 se le retiró la personería jurídica. (Ver El militante de la UP que murió por negligencia del DAS)
En este punto se indicó que esta situación no podía verse enmarcada dentro de la ley de partidos y movimientos políticos para determinar la perdida de la personería jurídica, sino que debía analizarse todo el contexto histórico.
“Ese movimiento afrontaba una grave crisis de supervivencia debido al exterminio que por cuenta de manos oscuras al margen de la ley venían siendo víctimas sus dirigentes, militantes y candidatos”, precisó el presidente del alto tribunal al explicar la trascendental decisión.
En este sentido se encontró evidencia suficiente para sostener que el partido político fue sometido a una persecución sistemática en al cual la mayoría de sus militantes fueron asesinados y amenazados en todos los lugares del país.
“Lo que sucedió para el año 2002 no fue que no obtuvo la votación (requerida) ni una curul en el Congreso, sino que por esas circunstancias no se presentó a la contienda política”.
Con esta decisión, la UP podrá presentarse como un partido político para los comicios electorales que se adelantarán el próximo año.
El magistrado indicó que como “consecuencia lógica en el lenguaje jurídica es que vuelven las cosas a su estado anterior como si nunca hubiesen perdido su personería jurídica y puede participar en una contienda electoral”.
El caso
El alto tribunal analizó los argumentos presentados para declarar la nulidad de las resoluciones 5659 de 30 de septiembre y 7477 de 20 de noviembre de 2002, por las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió que el partido UP no reunía los requisitos legales para conservar su personería jurídica.
En los últimos meses, se recibieron los testimonios de los expresidentes de la República, Belisario Betancur y Andrés Pastrana sobre los detalles de las condiciones políticas en las que se creó la colectividad, el cual nación después de las negociaciones de paz llevadas a cabo entre el Gobierno y las Farc, en el año de 1985. (Ver Expresidentes Betancur y Pastrana explicarán proceso de creación de la UP)
En este caso se busca establecer el marco político, económico, social y cultural que existía en la época, y el que conllevó a la creación de dicho partido, conformado por guerrilleros que habían abandonado las armas y buscaban una salida política al conflicto armado.
Durante la administración de Betancur la Unión Patriótica empezó su marcha política con el fin de conseguir adeptos y votantes en gran parte del territorio nacional para las elecciones celebradas en 1986, en la cuales consiguieron un número importante de votos logrando importantes puestos en alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas.
En este proceso, tendrá que responder Andrés Pastrana, quien vio durante su Gobierno (1998 -2002) eran asesinados la mayoría de los miembros de la UP en lo que se conoció como el “exterminio”.
En ese año, una reforma política derivó en la desaparición del movimiento, al final del periodo presidencial de Pastrana al no alcanzar un margen mínimo de votos durante las elecciones parlamentarias de aquel año, el Consejo Nacional Electoral dispuso el retiro del reconocimiento político a la UP, a través de las resoluciones 5659 y 7477 de 2002.