Consejo de Estado negó tutela presentada por Contralor General para aplazar entrega de la sede actual

El jefe del ente de control fiscal, Edgardo Maya Villazón presentó la acción judicial solicitando la protección de los derechos fundamental al trabajo.

El Espectador
18 de diciembre de 2014 - 04:32 p. m.

La Sección Primera del Consejo de Estado negó la acción de tutela presentada por el contralor General, Edgardo Maya Villazón con la que buscaba aplazar la entrega de la sede actual del ente de control fiscal ubicada en el occidente de la capital de la República, cuyo contrato vence el próximo 31 de diciembre.

El tribunal de lo contencioso administrativo determinó que la acción de tutela no era idónea para solicitar la continuidad del organismo en el predio ubicado en el centro comercial Gran Estación Fase II. Ante esto el Contralor General tendrá que buscar una nueva sede o reanuda el arrendamiento con un valor más alto.

La acción fue presentada por el contralor General, Edgardo Maya Villazón manifestando que se debía proteger el derecho al trabajo, al debido proceso, y al buen nombre de los 2.200 empleados de dicho organismo que se verán afectados por el cambio de sede.

el Contralor solicita se renueve el contrato sin las cláusulas respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación ha formulado observaciones acerca de presuntas irregularidades en el proceso de contratación, y por las que existe una investigación penal en curso.

De acuerdo con el Contralor, de no renovarse el contrato hay una alta probabilidad de que la Institución a su cargo no cuente con un sitio donde pueda desempeñar sus labores.

El Defensor del Pueblo, luego de analizar esta situación, advirtió que efectivamente, ante las dificultades para encontrar una nueva sede, existe el riesgo de que los empleados de la Contraloría no cuenten con un lugar para cumplir con sus funciones, lo cual hace parte del núcleo esencial del derecho al trabajo de estas personas. Por este motivo, decidió coadyuvar la acción judicial iniciada por el Contralor.

Otálora le solicitó al juez de tutela tener en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y el desarrollo de la misión constitucional de la Contraloría respecto del control en el manejo de las finanzas públicas del Estado, máxime cuando los obstáculos en el ejercicio de las funciones de esa Entidad terminan afectando a la ciudadanía en general, pues traumatizan la administración pública.

Por El Espectador

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