Consejo de Estado ordena implementar curso de derechos humanos para el Esmad

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional por los hechos que rodearon la muerte de un estudiante de ingeniería química de la Universidad del Valle, en Cali, en el marco de una manifestación que fue intervenida por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Los hechos se presentaron en septiembre de 2005.

El alto tribunal le dio validez a las pruebas aportadas al proceso administrativo que señalan que el Esmad ingresó al lugar donde los jóvenes se encontraban en un campamento en inmediaciones del centro educativo. En ese momento agredieron a los manifestantes quienes se vieron obligados a dejar el lugar. (Ver "Esmad es responsable", dice Fiscalía)

Sin embargo, un disparó los obligó a devolverse al lugar donde estaba el campamento. Allí se encontraba el estudiante de ingeniería, Jhonny Silva Arangurén gravemente herido, hecho por el cual fue trasladado a la Fundación Valle del Lili donde falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas. Las pruebas establecieron que el disparo había sido ejecutado por un agente del Escuadrón.

En el debate jurídico se determinó que pese a que la actuación del Esmad estuvo enmarcada el fin legítimo de evitar que los estudiantes bloquearan la vía pública, se presentó un abuso de autoridad que conllevó a vulneraron los principios de precaución y proporcionalidad para evitar que se ocasionaran daños a los manifestantes.

“Solo el hecho de hacer parte de una protesta ciudadana no representa la trasgresión al ordenamiento jurídico, puesto que los habitantes tienen derecho a expresar su disenso frente a las medidas que adopten las autoridades estatales (…) Las autoridades policivas deben estar preparada para mantener el orden pero siempre respetando los derechos más caros a la persona humana, entre ellos el de su dignidad y el espacio de libertad que requiere la protesta misma”, precisa el fallo.

El alto tribunal también le pidió a la Fiscalía General evaluar la posibilidad de reabrir la investigación contra los miembros del Esmad que habrían participado en el operativo. (Ver CIDH admitió caso de Jhonny Silva, estudiante que murió en una protesta)

Esto debido a que la investigación precluyó en su momento sin que las circunstancias que antecedieron la muerte del joven fueran esclarecidas. En este sentido considera que se pudo presentar una ejecución arbitraria, lo cual implicaría una grave violación a los Derechos Humanos que, al no ser juzgadas, podrían ser objeto de conocimiento de la justicia internacional.

“Los daños provenientes de estas conductas reprochables deben ser conocidos, juzgados y reparados por la jurisdicción ordinaria, antes de someter a las víctimas del conflicto armado a la fatigosa carga de reclamar una condena en los tribunales internacionales, amén de que dicha circunstancia deja mal librada a la administración de justicia colombiana y la muestra ante la comunidad internacional como una instancia carente de eficacia e idoneidad y de legitimidad social”, señala la decisión.

Finalmente se le ordena al Gobierno o a las autoridades encargadas implementar un curso en protección de derechos humanos a todas las unidades del Esmad en el país.