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En 1999, el mayor (r) Óscar de Jesús Echandía Sánchez fue condenado a ocho años de prisión por haber hecho parte de los cursos que el mercenario israelí, Yair Klein, les dio a los paramilitares a finales de los 80 y estuvo investigado por su presunta participación en la masacre de 12 funcionarios judiciales en La Rochela, Santander, en enero de 1989. Sin embargo, en 2001 la Corte Constitucional favoreció al uniformado con la exención de la pena y una orden para que se le concediera la libertad provisional.
¿La razón? La colaboración que Echandía le dio a la justicia para esclarecer la verdad tras estos cuestionados entrenamientos y tras otros delitos perpetrados por los paramilitares del Magdalena Medio y que lo hacían merecedor de este beneficio. De hecho, el mayor (r) Echandía fue quien el 7 de junio de 1989 le dio al Noticiero Nacional, dirigido en ese entonces por el periodista Daniel Coronell, las grabaciones que dieron a conocer al mundo los entrenamientos dados por Klein a criminales de la talla de Carlos Castaño y Jaime Rueda Rocha, sicario de Luis Carlos Galán.
Por ello, Echandía quedó en libertad. Ahora, el Consejo de Estado ordena que Echandía sea indemnizado debido a que –en su criterio– los cuatro años, cuatro meses y 16 días que el mayor (r) estuvo preso fue por cuenta de una injusticia debido a que los jueces que lo condenaron, en primera y segunda instancia, no tuvieron en cuenta los beneficios que la ley da para quienes colaboran con la justicia antes de que se inicie un proceso en su contra. Los dos jueces indicaron que Echandía no era merecedero del beneficio de la exención de la pena debido a que había colaborado con la justicia antes de que se iniciara el proceso en su contra.
La Corte Constitucional no estuvo de acuerdo y en su sentencia sostuvo: “Resulta abiertamente desproporcionado que se premie con la libertad a quien colaboró para recuperarla y que se castigue con la perdida del mismo, a quien nunca la había perdido. El principio pro libertate obliga a seleccionar la interpretación más favorable para la protección de la libertad. En suma, la interpretación que acogen los funcionarios judiciales mencionados si bien puede aparecer acorde con las pautas interpretativas del orden legal, no resulta razonable frente a la Constitución. Por lo tanto, no podía ser acogida por el tribunal demandado”. Por ello, Echandía fue dejado en libertad. Y hoy es indemnizado.
El Consejo de Estado tuvo en cuenta tanto el fallo de la Corte Constitucional como las mismas declaraciones que dieron las autoridades respecto de las delaciones del mayor en retiro. En su momento, el exdirector del DAS, el general (r) Miguel Maza Márquez, sostuvo que los datos por el uniformado fueron claves para desenredar los procesos por la muerte del periodista Jorge Enrique Pulido y para dar con las captura del capo Guillermo Oswaldo Santana Gaitán. Efectivamente, el mayor (r) Echandía era un testigo excepcional.
A inicios de los 80, el mayor (r) Óscar de Jesús Echandía Sánchez se desempeñaba como alcalde de Puerto Boyacá (Boyacá). Como burgomaestre de ese municipio, conoció a quienes años después crearían las Autodefensas de Puerto Boyacá, germen del paramilitarismo que con el tiempo convertiría a Colombia en un baño de sangre. Echandía fue cercano a ‘paras’ de la talla de Henry de Jesús Pérez y Ariel Otero e incluso su hermano, Alejandro Echandía, hizo parte de las Autodefensas y de la misma forma, el mayor (r) Echandía hizo parte de los cuestionados entrenamientos de Klein. El mayor (r) Echandía fue protagonista de todos estos hechos y fue condenado por ello; sin embargo, sus delaciones hicieron que la justicia lo dejara en libertad. Ahora, el uniformado, confeso socio de los paramilitares es indemnizado.