La Sección Segunda del Consejo de Estado le ordenó a la Contraloría General reincorporar a la planta de personal a cuatro exfuncionarios del órgano de control fiscal que fueron despedidos el 10 de julio de 2014 “en las mismas condiciones en que se encontraban al momento del retiro, esto es, en carrera administrativa o en provisionalidad”.
El tribunal de lo contencioso administrativo determinó que pese a que la tutela por medio de la cual solicitaba el reintegro no era la herramienta idónea para hacerlo, no pudieron interponer otro recurso debido al paro judicial convocado por Asonal y el cual tuvo una duración de tres meses.
“Queda probado que dentro del asunto bajo estudio, los tuteantes se encuentran actualmente en una situación de vulnerabilidad manifiesta consecuencia de hechos ajenos a su voluntad, lo cual les impide acceder a la administración de justicia con el de exigir ante el juez contencioso el reconcomiendo de sus derechos”, precisa uno de los apartes de la decisión.
Los exfuncionarios presentaron una demanda en contra de la Presidencia, el DAS, y la Contraloría solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, trabajo, mínimo vital, salud y seguridad social “de los que sostienen fueron vulnerados por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Contraloría General de la República”.
“No puede la Sala pasar inadvertido el momento coyuntural porque atraviesa la administración de justica desde el mes de octubre del año en curso, en relación con el cede de actividades por el motivo del paro judicial adelantado por Asonal Judicial, situación que impide por ahora el pronto acceso a una tutela judicial efectivo a cargo del juez administrativo al interior del respetivo proceso ordinario”, explica el Consejo de Estado.
Los funcionarios ingresaron a la Contraloría General después de la supresión DAS (Decreto 4057 de 2011) hecho por el cual se ordenó el traslado de los funcionarios a otras entidades de carácter estatal. Sin embargo, la Contraloría General derogó los actos administrativos por medio de los cuales se dispuso su incorporación como empleados de la planta transitoria creada en dicha entidad, basándose para esto en un fallo de la Corte Constitucional.
“Lo anterior configura una flagrante violación al derecho a la tutela judicial efectiva, razón por la cual, la Sala ordenara su amparo de manera transitoria, hasta tanto se supere el cese de actividades por el paro judicial”, señala el alto tribunal mientras presentan el recurso de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante los jueces administrativos.